Hay colombianos entre las víctimas del “régimen de represión” de Nicolás Maduro en Venezuela, reveló Human Rights Watch

En el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), se documentó la detención arbitraria y desapariciones forzadas desde las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, destacando a varios ciudadanos colombianos.

El informe expone cómo varios colombianos fueron arrestados sin justificación y, en muchos casos, permanecieron desaparecidos o bajo condiciones de detención ilegales, como parte de la represión generalizada que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

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La organización explicó que, a pesar de los esfuerzos de los familiares y las gestiones diplomáticas, las autoridades venezolanas no proporcionaron respuestas claras sobre el paradero ni los cargos de las víctimas.

Manuel Alejandro Tique, de 32 años, trabajador de la organización humanitaria Consejo Danés para los Refugiados (DRC) en Colombia, fue detenido el 14 de septiembre de 2024, precisó HRW.

Según el informe, Tique cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela por asuntos laborales, pero, al llegar a Guasdualito, fue detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La familia del detenido intentó obtener información, pero las autoridades venezolanas no proporcionaron detalles sobre los cargos en su contra.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Tique pertenecía a un grupo paramilitar, aunque no presentó pruebas para sustentar dicha acusación. A pesar de este argumento, los familiares de Tique siguen sin saber su paradero.

Otro caso señalado en el informe es el de Arlei Danilo Espitia Lara, un agricultor de 24 años oriundo de Boyacá, que, según la organización, cruzó la frontera el 13 de septiembre para acompañar a una conocida venezolana a renovar sus documentos. Fue detenido por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la frontera y acusado de ser “líder de los ‘paracos’”, en referencia a los grupos paramilitares colombianos. La familia de Espitia Lara tampoco ha recibido información sobre su paradero ni los cargos que se le imputan, lo que genera una creciente incertidumbre.

El informe también documentó el caso de Brayan Sair Navarro Cáceres, un conductor de 28 años. Navarro Cáceres regresaba a Venezuela tras pasar las festividades con su familia en Colombia.

Según HRW, el 6 de enero de 2025, envió un mensaje de texto a un familiar indicando que miembros de la GNB lo habían detenido para un interrogatorio. Sin embargo, después de esa comunicación, la familia perdió todo contacto con él. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, su paradero sigue siendo desconocido.

Asimismo, Danner Gonzalo Barajas Luque, de 28 años, trabajador de la construcción, fue detenido al cruzar la frontera desde Colombia en noviembre de 2024. La familia no ha obtenido información sobre su paradero, aunque se sabe que fue arrestado por miembros de la GNB durante un interrogatorio de rutina. La madre de Barajas Luque viajó a Caracas en múltiples ocasiones para buscarlo, pero no consiguió respuestas.

Otro caso documentado fue el de Kevin José Saavedra Basallo, de 22 años. Saavedra viajó a Venezuela con su novia y su suegra el 24 de octubre. Al regresar a Colombia el 29 de octubre, fue detenido cuando cruzaba la zona fronteriza de Arauca-Apure.

La familia de Saavedra fue informada por una persona que estaba con él de que su detención ocurrió después de que mostrara su libreta de servicio militar colombiano. Su suegra buscó a Saavedra en centros de detención en San Juan de los Morros, estado Guárico, y en Caracas, pero no obtuvo ninguna respuesta. El paradero de Saavedra sigue siendo incierto.

Las familias de los detenidos también reportaron haber sido contactadas por personas que pedían dinero a cambio de información sobre los detenidos. Esta extorsión ha generado una atmósfera de miedo e incertidumbre, especialmente entre las familias de las víctimas que han enfrentado una total falta de transparencia por parte del gobierno venezolano.

Human Rights Watch destacó que, a pesar de las denuncias, las gestiones diplomáticas del gobierno colombiano no han logrado obtener información sobre los detenidos. A pesar de los intentos de sus familiares y las autoridades colombianas para recibir respuestas, las autoridades venezolanas siguen sin ofrecer detalles sobre el paradero y las condiciones de los detenidos.

La organización instó a la comunidad internacional a presionar al gobierno de Nicolás Maduro para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. HRW solicitó a Venezuela que proporcione respuestas claras sobre el paradero de los detenidos, garantizando su derecho a la comunicación y a la representación legal adecuada.

El informe también precisó que, a pesar de la falta de acceso a los detenidos y la evidente represión, el gobierno venezolano no ha mostrado señales de permitir una supervisión internacional de los derechos humanos, lo que contribuye a la prolongada impunidad en el país.

En consecuencia, HRW instó a que se lleve a cabo una investigación imparcial y exhaustiva sobre los casos documentados, y a que se adopten medidas urgentes para prevenir futuras violaciones de derechos humanos en el país.