El representante a la Cámara Christian Garcés, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, radicó el lunes 28 de abril de 2025 una solicitud para investigar al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, por su supuesta implicación en un caso de corrupción relacionado con su elección en el alto tribunal; pues al parecer su escogencia se habría “aceitado” con dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).
La solicitud formal del congresista vallecaucano fue presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la que argumentó que hay indicios suficientes para considerar los señalamientos hechos públicos por diversos medios de comunicación sobre este asunto. Teniendo en cuenta que su escogencia, el 17 de octubre de 2023 fue elegido de la terna que presentó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
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En una carta enviada al titular de la Comisión de Acusación, Leonardo de Jesús Gallego, que hace parte del partido Liberal, Garcés hizo énfasis en las acusaciones mencionadas en publicaciones de medios como Semana y La FM, los cuales han informado de posibles irregularidades en la elección de Fernández; el mismo que lideró la ponencia para que se suspendiera de manera temporal las investigaciones que adelantaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del jefe de Estado.
Es válido precisar que según estos reportes, Sandra Ortiz, que fungió como consejera presidencial para las regiones, declaró ante la Fiscalía que habría entregado 3.000 millones de pesos para garantizar la elección de Fernández como magistrado en el Senado, en reunión que de acuerdo con su relato se efectuó el 17 de octubre de 2023. Además, se mencionó una reunión previa al proceso electoral, celebrada el 13 de octubre de 2023, en la que el entonces presidente del Congreso Iván Name se habría encontrado con el hoy togado y Carlos Ramón González: que ocupaba el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
“La gravedad de estas declaraciones amerita que se investigue de manera oportuna e imparcial si el magistrado Fernández tuvo conocimiento, participación, beneficio o cualquier grado de vinculación en el entramado de corrupción denunciado”, expresó el representante Garcés en su comunicación, en la que también involucró a Name, pues habría reconocido haber sostenido reuniones con Fernández durante el proceso para su elección.
Los argumentos del representante Christian Garcés para pedir que se investigue al magistrado Vladimir Fernández
El congresista resaltó que antes de asumir como magistrado, Fernández ejercía como secretario jurídico de la Presidencia de la República, en un cargo de alta confianza del presidente Petro. Por ello, argumentó que su designación debería ser objeto de escrutinio público debido a las dudas que están afectando la percepción de integridad en las instituciones públicas. “Esta petición se formula en el marco del principio de presunción de inocencia, pero también del deber de transparencia y moralidad de la función pública”, afirmó Garcés.
Las informaciones que salpican al togado, que en su trayectoria profesional también trabajó con otros gobiernos, como el de Álvaro Uribe Vélez, indican que Ortiz habría confesado que el dinero entregado a Name era parte de un esquema para asegurar el apoyo político necesario en el Senado con el fin de lograr la elección de Fernández; que pasó de ser secretario jurídico de la Presidencia a miembro del alto tribunal.
Según explicó el congresista opositor, el objetivo de la solicitud presentada a la Comisión de Acusación busca determinar si Fernández incurrió en faltas disciplinarias o delitos que puedan comprometer la majestad de su cargo; por lo cual pidió que “se garantice la máxima transparencia y celeridad en la actuación, en atención al interés público comprometido”. Asimismo, solicitó la incorporación formal de los documentos y testimonios ya rendidos ante la Fiscalía, incluida la declaración de Ortiz, como parte del proceso.
Es oportuno decir que el magistrado Fernández no se ha pronunciado oficialmente respecto a las acusaciones, pero su vínculo con el primer mandatario ha suscitado una serie de cuestionamientos sobre el grado de independencia que tendría frente a actores políticos; es por ello que argumentó que esta investigación resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y proteger la credibilidad de las instituciones judiciales de Colombia. “En aras de preservar la integridad constitucional y las instituciones, es imperativo garantizar el conocimiento de la verdad”, remarcó.
En lo que respecta al papel constitucional de la Comisión de Acusación, esta célula legislativa está encargada de evaluar posibles faltas de altos funcionarios, y tiene la responsabilidad de gestionar las pruebas y definir si los señalamientos ameritan una acusación formal ante el Senado. De comprobarse todas las acusaciones, el caso podría implicar consecuencias graves tanto en el ámbito disciplinario como penal para el implicado.
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