Un informe emitido por la Red de Veedurías de Colombia generó nuevas inquietudes sobre el proceso contractual identificado como USPEC-CM-A-011-2025, promovido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Este procedimiento busca contratar la interventoría integral del sistema de alimentación destinado a personas privadas de la libertad.
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El documento conocido por la Revista Semana, firmado por el abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías y coordinador internacional de Veedores Sin Fronteras, fue dirigido al director de la Uspec, Fidel Espitia Ordóñez. La advertencia señala posibles anomalías que representarían un “riesgo jurídico, reputacional e institucional”.
La comunicación plantea cuestionamientos al contenido del pliego de condiciones del proceso, al considerar que este podría obstaculizar la participación equitativa de oferentes. En ese sentido, Bustos manifestó: “Nos permitimos presentar la siguiente observación formal al pliego de condiciones […] conforme al principio de transparencia que debe regir todas las etapas de la contratación estatal”.
Según el informe, la exigencia de experiencia establecida para participar en la licitación sería una posible “barrera de entrada injustificada”, limitando el acceso a nuevos proponentes. La veeduría asegura haber recibido reiteradas comunicaciones de participantes potenciales que consideran que los términos actuales beneficiarían a una entidad específica.
“La contratación debe adelantarse bajo los más altos estándares de integridad, competencia y respeto por la normativa vigente”, se lee en el documento conocido por la Revista Semana. La veeduría señala a la Fundación Universitaria del Valle, junto con su aliado ATI International, como posibles beneficiarios de los requisitos planteados en el pliego.
Ante las observaciones, la Red de Veedurías propuso tres acciones inmediatas. En primer lugar, solicitó detener de manera temporal el proceso para revisar el componente técnico y jurídico de los requisitos establecidos. En segundo lugar, planteó modificar el cronograma, de modo que se garantice la igualdad de condiciones tras realizar los ajustes pertinentes. Finalmente, pidió que la Uspec emita un pronunciamiento institucional que responda públicamente a los cuestionamientos expuestos.
Además del documento enviado a la Uspec, la veeduría también dirigió una comunicación a las directivas de la Fundación Universitaria del Valle. En esta se expresa una “observación respetuosa pero urgente” sobre la reiterada adjudicación de interventorías penitenciarias a esta institución.
Bustos sostuvo que “es ampliamente conocido que dicha interventoría ha sido adjudicada de manera repetida a esta institución educativa […] con condiciones que, en la práctica, limitan la pluralidad de oferentes”. La carta subraya el riesgo de comprometer la imagen institucional de la universidad si se le asocia de forma continua con procesos marcados por restricciones a la libre competencia.
El veedor agregó que “la Universidad no debe convertirse en un operador técnico recurrente del Estado en condiciones de baja competencia. Su rol debe centrarse en la formación crítica, el pensamiento libre y el compromiso con la transformación social”.
La veeduría concluyó su intervención solicitando a Univalle una revisión interna y un diálogo académico sobre la coherencia de estos contratos con su misión educativa. “Una universidad ética no puede cerrar los ojos ante los impactos indirectos de sus decisiones administrativas”, finalizó el documento.
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