La JEP imputó a tres militares por usar inteligencia del DAS en falsos positivos en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles 23 de abril la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra tres exintegrantes del Ejército Nacional de Colombia, por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare.

Estos hechos forman parte del llamado Subcaso Casanare del Caso 03, centrado en el fenómeno de los falsos positivos.

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Los oficiales imputados son el teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento segundo Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar.

Según la JEP, los tres habrían actuado como coautores de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, crímenes cometidos bajo una estructura criminal que operaba dentro de la Brigada XVI del Ejército Nacional.

La JEP ha documentado un patrón sistemático dentro de la Brigada XVI, que consistía en el reclutamiento, retención, asesinato y posterior presentación de civiles como guerrilleros muertos en combate.

Esta práctica, conocida como falsos positivos, tenía como fin inflar los resultados operacionales del Ejército, lo cual reportaba incentivos como ascensos y beneficios económicos a los responsables.

Según el tribunal, entre 2005 y 2008 operó una red que instrumentalizó los recursos y la institucionalidad militar para ejecutar estos crímenes.

La información proporcionada por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue utilizada para identificar, estigmatizar y seleccionar a las víctimas.

El rol de los oficiales imputados

Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, oficial de inteligencia entre 2006 y 2008, habría facilitado la difusión de información del DAS para justificar operaciones que culminaron en ejecuciones extrajudiciales.

También es acusado de alterar registros internos y promover el pago de recompensas por los supuestos resultados operativos.

Jaime Luis Olivera Arrieta, en la oficina de inteligencia de la misma brigada entre 2003 y 2007, elaboró documentos de análisis de blancos de las Farc y compartió inteligencia con el DAS y el Gaula Casanare. Esta información fue usada en la planificación de operativos que resultaron en desapariciones forzadas y homicidios.

Por su parte, Gustavo Alberto Parada Cuéllar, comandante del pelotón “Cobra 4″ del Batallón Ramón Nonato Pérez (BIRNO 44), participó directamente en la ejecución de las víctimas.

La JEP señala que utilizó su conocimiento del territorio para coordinar operaciones y labores de inteligencia con el objetivo de seleccionar civiles como blancos.

Avances en el subcaso Casanare

Con esta decisión, ya son 27 las personas imputadas en el Subcaso Casanare, de las cuales 24 han reconocido su responsabilidad ante la justicia transicional.

Si los tres nuevos acusados no aceptan los cargos en un plazo de 30 días, sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde se desarrollará un proceso adversarial con audiencias públicas.

Esta imputación se produce en el contexto del octavo aniversario del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc en 2016, un proceso que busca esclarecer y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado. La JEP ha documentado hasta ahora 6.402 víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008.

Además, el 22 de abril la entidad también imputó a 39 miembros del Ejército Nacional, entre ellos cuatro generales retirados, 35 oficiales y suboficiales, así como a dos civiles.

Estas imputaciones están relacionadas con 442 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento de Antioquia entre los años 2004 y 2007.

De acuerdo con la información publicada, los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria han sido señalados como los máximos responsables de una política de facto conocida como “conteo de cuerpos”.

Según la JEP, esta práctica consistía en presentar a civiles asesinados como bajas en combate, con el objetivo de inflar las cifras de éxito militar en el marco del conflicto armado colombiano.

Además de los altos mandos, la imputación incluye a 25 oficiales y 10 suboficiales pertenecientes a seis batallones adscritos a la Brigada IV del Ejército Nacional, así como a dos civiles acusados de reclutar a las víctimas a cambio de dinero.