Hay preocupación en el departamento de Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela, por la crisis de seguridad que, al parecer, se habría intensificado debido a la presunta filtración de información militar hacia grupos armados ilegales que operan en la región.
Según un informe reservado obtenido por El Espectador, la Fiscalía General de la Nación e inteligencia militar tienen en la mira a al menos seis uniformados presuntamente involucrados en redes de tráfico de información que beneficiarían a las disidencias de las Farc y al ELN, dos de los principales actores armados en la zona.
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El documento revelado por el diario nacional detalla que las sospechas sobre la fuga de información se centran en dos uniformados del Cantón Militar de Puerto Jordán, ubicado en el municipio de Arauquita.
Según los informes de inteligencia, uno de ellos habría establecido vínculos con un miembro de las redes de inteligencia del frente Martín Villa, una facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Iván Mordisco. Este militar, que desempeñaba funciones administrativas, habría utilizado su acceso a información privilegiada para compartir datos sensibles con el grupo armado.
Además, se le acusa de sustraer material de guerra del cantón militar para venderlo a las disidencias. Según los informes, este uniformado realizaba desplazamientos hacia un centro poblado cercano, en el área de influencia del frente Martín Villa, donde presuntamente entregaba tanto información como armamento.
Pero un segundo militar también habría realizado movimientos similares, lo que refuerza las sospechas de su participación en estas actividades ilícitas.
Aunque ambos uniformados fueron retirados de sus cargos y trasladados a otras zonas, no han sido procesados penalmente. Un alto oficial citado por El Espectador señaló que las filtraciones de información han frustrado operativos destinados a capturar a líderes de las disidencias o incautar material de guerra. Además, se sospecha que al menos otras dos personas colaboraban con estos militares en la fuga de datos.
“No descartamos que haya al menos otras dos personas que le colaboraban a esos dos militares en la filtración de información, por ende, trabajamos en mejorar nuestras burbujas de inteligencia y construir un proceso para procesarlos ante la justicia”, señaló el uniformado citado.
Otro caso destacado en el informe involucra a un exintegrante de la inteligencia militar que, tras su retiro en 2020, habría comenzado a trabajar con grupos criminales en Arauca.
Según los documentos de contrainteligencia, este exmilitar utilizaría información privilegiada para extorsionar a la población local. Además, se le vincula con actividades de secuestro y con redes de comercio ilegal, como la minería de oro.
El informe de 2024 citado por El Espectador señala que este individuo ha sido identificado mediante registros fotográficos y testimonios de fuentes humanas. También se le habría visto en otras regiones del país, como Popayán, donde se movilizaría en vehículos de alta gama y mantendría contactos con comerciantes. Las autoridades sospechan que al menos dos suboficiales en Arauca le estarían proporcionando información de inteligencia.
“De acuerdo a lo manifestado por fuente humana y cotejándola con nuestros registros fotográficos obtenidos por integrantes de esta unidad, se evidencia una gran similitud en cuanto a sus rasgos físicos, por tal motivo se concluye que este particular sería uno de los presuntos integrantes de esta red que se estaría dedicando a la obtención información de inteligencia militar de carácter secreto con fines extorsivos en el departamento de Arauca. Una fuente humana aduce que en los últimos años fue observado en Popayán, en una camioneta de alta gama y tiene contactos con comerciantes de oro”, señala el informe.
Por ahora, el único caso que ha llegado a los tribunales es el del sargento Diego Alberto Liévano, capturado en 2022. Aunque no se le acusa directamente de filtrar información, las autoridades sospechaban de su participación en estas redes.
Actualmente, enfrenta un proceso penal por presuntamente sustraer material de intendencia del Ejército, que habría sido destinado a las disidencias de las Farc. Según un oficial de contrainteligencia citado por El Espectador, el receptor de este material era un miembro activo de las disidencias en Arauca.
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