La Fiscalía General de la Nación avanza en la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y diez exfuncionarios de su administración, en el marco del escándalo por presuntas anomalías en la gestión del lote conocido como Aguas Vivas. Según la tesis del ente investigador, los implicados habrían incurrido en acciones orientadas a favorecer a particulares en detrimento del patrimonio público.
La audiencia, realizada este martes 8 de abril, permitió conocer el núcleo del caso que ha captado la atención pública desde hace varios meses. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan a finales de 2019, cuando los antiguos propietarios del predio habrían accedido a transferirlo gratuitamente al municipio como parte de unas obligaciones urbanísticas. Dicha cesión, formalizada mediante escritura pública, significó que el terreno en cuestión pasara a ser propiedad del Estado.
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Sin embargo, en un giro sorpresivo, y pese a la validez legal de la transferencia, los privados comenzaron a gestionar un cambio en el negocio a comienzos de 2020. Aunque inicialmente estas solicitudes fueron rechazadas por funcionarios técnicos de carrera, en cumplimiento del marco normativo, altos miembros del gabinete municipal habrían intervenido para revertir esa decisión.
Entre los presuntos responsables señalados por la Fiscalía se encuentran antiguos secretarios y subsecretarios de Planeación, Gestión Territorial, Suministros y otros despachos estratégicos. A estos se les atribuye haber tomado decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, facilitando la instalación de comités y mesas técnicas cuyo propósito habría sido justificar una conciliación económica con los antiguos dueños del lote.
Uno de los episodios más cuestionados gira en torno a la elaboración de un avalúo que, según el ente acusador, infló de manera significativa el valor del terreno. Este habría alcanzado los 48.000 millones de pesos, cifra que habría servido de base para calcular una eventual compensación a favor de los particulares, pese a que el predio ya pertenecía al municipio.
La Fiscalía también centró su atención en las actuaciones de un comité de conciliación que, en lugar de respetar los conceptos jurídicos desfavorables a los privados, reabrió el diálogo con ellos. En este escenario participaron varios de los exfuncionarios hoy procesados, quienes habrían respaldado el regreso del lote a manos privadas y una conciliación que implicaba el desembolso de recursos públicos.
En cuanto a la actuación del exalcalde Quintero, el organismo acusador sostiene que fue determinante en la firma de un decreto que posteriormente permitió el desarrollo de proyectos urbanísticos sobre el terreno, ya restituido a los antiguos propietarios. Para la Fiscalía, esta actuación configuraría los delitos de peculado por apropiación y prevaricato, al considerar que no solo se favoreció a intereses particulares, sino que además se actuó en contravía de fallos judiciales que previamente habían tumbado la conciliación.
“Se vulneró el principio de transparencia en la medida en que los servidores públicos para la época de los hechos quisieron comprar un bien que, además, ya era de propiedad del Estado, por medios distintos a los previstos en la ley 388″, sostuvo la fiscal.
El caso también involucra a otros funcionarios como Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario que firmó la resolución mediante la cual se formalizó la reversión del terreno. De igual forma, pesan imputaciones sobre exfuncionarios como Carlos Mario Montoya, Karen Delgado, Sergio López, Natalia Jiménez, Alethia Arango y Leidy Jiménez, entre otros.
Las decisiones que se investigan fueron posteriormente revocadas por instancias judiciales, como el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, que consideraron inválida la conciliación promovida por la administración municipal.
Este proceso judicial marca un hito dentro de las investigaciones por presunta corrupción en Medellín durante la administración de Quintero, y podría tener profundas implicaciones no solo para los implicados, sino también para futuras decisiones sobre el uso del suelo y la gestión de los recursos públicos en la ciudad.
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