
Carlos Enrique Lehder Rivas, uno de los nombres más emblemáticos del narcotráfico en Colombia, quedó en libertad el 31 de marzo tras pasar casi tres días detenido en una unidad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional.
La jueza 18 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá determinó que la orden de captura en su contra, relacionada con una condena por tráfico de armas de 1995, había prescrito.
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Sin embargo, poco se conoce sobre los delitos que llevaron a la justicia colombiana a condenarlo a una pena de más de 20 años de prisión y, según las denuncias de su abogada, ni ella ha logrado tener acceso al archivo completo.
Esta decisión se tomó en medio de un proceso judicial marcado por la falta de acceso a documentos clave, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el acceso a la información en el sistema judicial colombiano.

En todo caso, hasta donde se sabe, la sentencia de 1995, que dictaba 24 años de prisión, fue confirmada en segunda instancia el 30 de agosto de 1999. No obstante, para ese entonces, Lehder cumplía una condena de 33 años en una prisión de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lo que impidió que la decisión judicial en Colombia se hiciera efectiva.
Lehder fue condenado por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en un juicio que se desarrolló bajo el Código Penal anterior y en un contexto marcado por las actividades violentas del Cartel de Medellín entre los años 1984 y 1987, según información obtenida por El Espectador.
La pena inicial de 24 años de prisión, dictada bajo el decreto 3664 de 1986, acusó a Lehder de importar, conservar y suministrar armamento, un delito que imponía hasta 10 años de prisión en ese momento. Sin embargo, la justicia le aplicó al excapo todos los agravantes de la norma, como oponer resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, además de adquirir el armamento mediante actos violentos.
Esta condena se confirmó en segunda instancia en 1999, pero el proceso judicial quedó detenido por la reclusión de Lehder en Estados Unidos, donde cumplió una condena de 33 años por delitos de narcotráfico.
Durante años, el caso estuvo paralizado, sin avances en la ejecución de la sentencia en Colombia, lo que generó incertidumbre sobre el futuro judicial de Lehder.

Sin embargo, cuando el excapo regresó al país en marzo de 2025, una orden de captura emitida en 2017 por el mismo delito fue activada, lo que permitió su detención en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Además, sobre Carlos Lehder pesa también el atentado al vuelo 203 de Avianca, ocurrido el 27 de noviembre de 1989, que pretendía acabar con la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria.
De hecho, el regreso del excapo a Colombia ha reavivado la esperanza de las víctimas del narcotráfico de que finalmente colabore con la justicia y proporcione información clave sobre los crímenes cometidos durante la guerra del narcotráfico.
Gonzalo Rojas, representante de la Fundación Colombia con Memoria, expresó a El Espectador que la llegada de Lehder ofrece una oportunidad única para que se conozca la verdad sobre las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto armado.

Las víctimas exigen que Lehder, uno de los pocos capos vivos del cartel de Medellín, dé su versión sobre los hechos violentos de los años 80. En ese sentido, la abogada del entonces líder del cartel de Medellín, Sandra McCollins, indicó que su cliente está dispuesto a contribuir a la justicia, ofreciendo detalles sobre el cartel y su implicación en el conflicto armado.
Entretanto, uno de los aspectos más controvertidos del caso de Lehder ha sido la falta de acceso a la información judicial. El Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá, que tenía a su cargo el expediente del excapo, no proporcionó el acceso a la sentencia original que justificaba la orden de captura en su contra, según informó el diario nacional.
Este vacío de información se ha convertido en un tema central del debate público, especialmente porque el caso involucra a uno de los personajes más notorios del narcotráfico colombiano.
La abogada Sandra McCollins fue clara al señalar que ni ella ni su defendido tienen acceso a la sentencia que fundamentó la detención de Lehder, lo que les obligó a recurrir a otras fuentes para impugnar la medida. La falta de transparencia no solo afecta la defensa de Lehder, sino que también plantea interrogantes sobre cómo el sistema judicial maneja casos de gran relevancia histórica y social.
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