
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, responsable de supervisar las deportaciones de ciudadanos colombianos desde territorio estadounidense, visitará Bogotá este jueves 27 de marzo de 2025 para sostener un encuentro con el presidente Gustavo Petro y altos mandos de la Policía Nacional.
La reunión forma parte de una gira de tres días por América Latina que inicia este miércoles en El Salvador y concluye el viernes en México, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).
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En El Salvador, Noem visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, donde actualmente se encuentran detenidos cerca de 200 ciudadanos venezolanos deportados por Washington. La administración estadounidense los vincula con el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional.
Tras recorrer el penal acompañada por el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, Noem será recibida por el presidente Bukele.
La deportación de los migrantes venezolanos a El Salvador ha sido justificada por la Casa Blanca como parte de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, quien ha señalado al Tren de Aragua como una amenaza para la seguridad nacional. La legalidad de estas expulsiones ha sido cuestionada en los tribunales, donde el juez federal James Boasberg mantiene bloqueada la aplicación de una norma de 1789 invocada por el Ejecutivo para facilitar las deportaciones sumarias.
Tras su paso por Colombia, la secretaria Noem viajará a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Visita de senadores colombianos en Estados Unidos
Una delegación de congresistas colombianos, encabezada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sostuvo el 24 de marzo una serie de reuniones en Washington, Estados Unidos, con el propósito de fortalecer la relación bilateral y denunciar presiones del presidente Gustavo Petro hacia el Congreso.
La visita incluyó un encuentro con el senador estadounidense Bernie Moreno, en el que se acordó la llegada a Colombia, en agosto, de una delegación de ocho senadores de EE. UU.
De acuerdo con Cepeda, la misión estadounidense se reunirá con autoridades locales, empresarios, partidos políticos, comunidades y otros sectores sociales para analizar el panorama político colombiano. Entre los temas tratados con Moreno figuraron migración, seguridad, inversión, narcotráfico, cultivos ilícitos y el fortalecimiento democrático.
Según el senador, la estabilidad institucional en Colombia es un asunto prioritario para Washington, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026.
La delegación colombiana estuvo compuesta por legisladores de diferentes partidos: las senadoras Berenice Moreno (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira); el senador Nicolás Echeverry (Partido Conservador); Honorio Henríquez (Centro Democrático); y las representantes Katherine Miranda (Alianza Verde) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical).
“El presidente hoy amaneció siendo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, de las facultades de la Comisión y de la Corte y de cómo ha sido la historia de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo”, denunció el congresista de 71 años, oriundo de Barranquilla.
Durante la visita, Cepeda también anunció la intención de reactivar la Comisión Interparlamentaria de Amistad entre Colombia y Estados Unidos, suspendida desde enero tras roces diplomáticos entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro.

En declaraciones a medios, Cepeda reiteró sus críticas al Ejecutivo, acusando al presidente Petro de promover un ambiente hostil contra el legislativo. Afirmó que el mandatario busca “desatar violencia” contra el Congreso y denunció un intento de “amedrentamiento institucional”.
Cepeda sostuvo que el poder debe ejercerse con diálogo y respeto, y anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En sus palabras, el presidente “amaneció interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos y las funciones de la Comisión y la Corte”, lo que, según él, constituye una intromisión en la independencia de poderes.
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