La consulta popular que planea adelantar el Gobierno nacional para avalar sus reformas ya contaría con un operador logístico, pese a las rencillas de la firma con el presidente Gustavo Petro y la Cancillería de Colombia por el escándalo de los pasaportes.
Se trata de la firma Thomas Greg & Son que, según información publicada por la revista Semana, sería la más opcionada para quedarse con el contrato debido a la fata de tiempo del Ejecutivo para adelantar una licitación.
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Según información compartida por el medio, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por evitar que esta compañía continúe gestionando procesos electorales en Colombia, los plazos ajustados y las exigencias logísticas obligarán a que la firma, a través de la Unión Temporal Disproel, asuma nuevamente esta responsabilidad.
Desde hace más de una década, Petro ha sido un crítico constante de Thomas Greg & Sons, acusándola de monopolizar los datos de los colombianos y de representar un riesgo para la democracia.
Sin embargo, la consulta popular, que según cálculos del Gobierno podría realizarse en agosto de 2024, no deja margen para abrir una licitación pública que permita la participación de otras empresas.
Este proceso, que normalmente requiere al menos cuatro meses para estudios de mercado y presentación de propuestas, debería ser adjudicado directamente a la compañía que ha manejado la logística electoral en los últimos 14 años.
Y es que el presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura crítica hacia Thomas Greg & Sons desde antes de asumir la alcaldía de Bogotá y su llegada a la Presidencia intensificó este discurso, calificando a la empresa como “el peor riesgo para la democracia colombiana”.
En este contexto, el mandatario ha intentado frenar diversos contratos entre la compañía y el Estado, incluyendo aquellos relacionados con la elaboración de pasaportes y la logística electoral.
Durante el segundo semestre de 2024, la estrategia del Gobierno se centró en una ofensiva jurídica contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha adjudicado contratos a Thomas Greg & Sons.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia contra el registrador Hernán Penagos por la adjudicación de un contrato para las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), realizadas en noviembre. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) intentó investigar a funcionarios de la Registraduría, aunque no contaba con la competencia para hacerlo.
A pesar de estos esfuerzos, el Gobierno no logró impedir que la empresa continúe gestionando procesos electorales. Ahora, la misma firma sería la encargada de organizar la consulta popular que busca promover una de las reformas más emblemáticas de la administración Petro.
El cronograma para la consulta popular deja poco margen de maniobra. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto llegará al Senado en abril de 2024, donde tendrá un mes para ser discutido. Posteriormente, el Gobierno contará con un plazo de tres meses para convocar a las urnas, lo que sitúa la fecha tentativa de la consulta en agosto.
Este calendario tan ajustado impide que la Registraduría abra una convocatoria pública para que otras empresas compitan por el contrato. Este proceso, que incluye estudios de mercado, elaboración de términos de referencia y recepción de propuestas, requiere al menos cuatro meses. Por ello, la contratación directa de Thomas Greg & Sons se presenta como la única opción viable.
El contrato para la logística de la consulta popular tendría un costo aproximado de 800.000 millones de pesos. Este monto cubrirá servicios como la impresión del material electoral, su traslado, el preconteo de votos, la recepción telefónica de datos y la consolidación de resultados.
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