En el desarrollo de la rendición de cuentas de su primer año al frente de la Fiscalía General de la Nación, la fiscal Luz Adriana Camargo resaltó la importancia de respetar las competencias constitucionales de cada entidad del Estado.
Este pronunciamiento se dio en respuesta a recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que insinuó la posibilidad de allanar dispensarios médicos, lo que generó controversia sobre los límites de las funciones del Ejecutivo en materia de investigación penal.
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Camargo enfatizó que la Constitución Política de Colombia establece con claridad la separación de poderes y otorga a la Fiscalía la titularidad exclusiva de la acción penal. En este sentido, destacó que solo este organismo tiene la facultad de ordenar y llevar a cabo actividades de investigación en el ámbito penal.
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“Es muy importante tener claro cuáles son las competencias de cada uno de nosotros y a dónde vamos”, afirmó la fiscal general, en una clara alusión a las declaraciones del mandatario.

En su intervención, Luz Adriana Camargo también hizo referencia a una reunión sostenida el pasado jueves con el director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, en la que se discutieron estrategias para fortalecer las labores de investigación judicial.
Según detalló la fiscal, este encuentro tuvo como objetivo reforzar la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional, destacando la estrecha colaboración que ambas instituciones mantienen en el desarrollo de investigaciones penales.
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Camargo resaltó que la alianza con la Policía Nacional es fundamental para garantizar la eficacia en la lucha contra el crimen. “Estuvimos hablando de las labores de coordinación que realizamos todos los días con nuestra policía judicial de la Policía Nacional, con quienes tenemos la mejor de las alianzas”, señaló en su intervención. Este trabajo conjunto, según explicó, es clave para asegurar que las investigaciones se lleven a cabo dentro del marco legal y con el rigor técnico necesario.
La fiscal general aprovechó la ocasión para recordar que la separación de poderes es un principio esencial del sistema democrático colombiano. En este contexto, resaltó que cualquier acción que implique investigaciones penales debe ser ordenada exclusivamente por la Fiscalía, en cumplimiento de su mandato constitucional.
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“Las competencias de investigación radican en la Fiscalía General de la Nación, es la titular de la acción penal, es la única que puede ordenar actividades de investigación y eso debe quedar absolutamente claro”, afirmó Camargo.
Estas declaraciones se producen en un momento en el que las relaciones entre el Ejecutivo y el ente investigador han sido objeto de atención pública, especialmente tras los comentarios del presidente Petro sobre los dispensarios médicos. La fiscal general insistió en que la claridad en las competencias de cada institución es crucial para evitar conflictos y garantizar el respeto al Estado de derecho.
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“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, fueron las palabras de Petro.

Durante la rendición de cuentas, Luz Adriana Camargo destacó los logros alcanzados por la Fiscalía en su primer año de gestión, haciendo énfasis en la importancia de mantener la independencia del ente investigador frente a otras ramas del poder público. Este periodo ha estado enfocado en fortalecer las capacidades investigativas y en garantizar que las actuaciones de la institución se realicen con total apego a la ley.
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El pronunciamiento de la fiscal general también busca reafirmar el compromiso de la Fiscalía con la defensa de la institucionalidad. En un contexto de tensiones entre diferentes ramas del Estado, Camargo dejó claro que la Fiscalía continuará ejerciendo su labor de manera autónoma, en cumplimiento de su mandato constitucional.
Las declaraciones de Gustavo Petro sobre la posibilidad de allanar dispensarios médicos generaron un debate sobre los límites de las competencias del Ejecutivo en materia de investigación penal. Según lo establecido en la Constitución, estas funciones corresponden exclusivamente a la Fiscalía, lo que ha llevado a cuestionar la viabilidad legal de las acciones sugeridas por el mandatario.
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