En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la educación superior en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia dio luz verde al inicio de un proceso de ‘constituyente universitaria’, una iniciativa que busca transformar su modelo de gobernanza y que generó amplio debate en la comunidad académica.
La decisión fue adoptada por el Consejo Superior Universitario (CSU), máxima instancia de dirección de la institución, en una sesión en la que se abordaron las propuestas presentadas por el rector Leopoldo Múnera. La idea de una reforma integral al gobierno universitario fue una de las principales banderas de su candidatura, y ahora se perfila como una de las reformas más ambiciosas en la historia de la universidad.
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Según explicó el propio Múnera, el propósito central de esta iniciativa es “redefinir la composición de los cuerpos colegiados, desde luego respetando las competencias que hay. Implica cambiar la forma de designación de las autoridades académicas como el rector, los decanos y los jefes de departamento. También se busca fortalecer la representación de los diferentes estamentos universitarios y dar mayor voz y voto a profesores, estudiantes, trabajadores y egresados en la toma de decisiones.”
Para ello, la comunidad académica debatirá en torno a cinco ejes fundamentales:
- La composición, funciones y características de los cuerpos colegiados de la universidad.
- Los mecanismos de elección y designación de autoridades académicas.
- La forma en que los distintos actores de la universidad participarán democráticamente en el gobierno institucional.
- La creación de nuevos espacios de diálogo y de toma de decisiones dentro de la comunidad académica.
- La transformación de la estructura de representación para garantizar mayor equilibrio entre los diferentes sectores universitarios.
Durante la sesión del Consejo Superior Universitario, llevada a cabo entre el 12 y el 13 de marzo, se definió el inicio de este proceso con el propósito de fortalecer la participación de la comunidad universitaria en la gestión de la institución. Así lo anunció el rector Leopoldo Múnera: “El CSU aprobó, por unanimidad, la puesta en marcha del Proceso Constituyente Universitario de la Unal, con el propósito de trabajar en la democratización del gobierno y la vida universitaria”.
Uno de los aspectos más discutidos fue la intención de modificar la forma en que se eligen las principales autoridades académicas. Actualmente, el rector de la universidad, así como los decanos y los jefes de departamento, son designados por los órganos de gobierno, que tienen en cuenta diversos criterios, como la experiencia y las propuestas de los candidatos, sin que los votos de la comunidad universitaria tengan un peso determinante en el proceso.
Modificar la composición de los órganos de gobierno de la Universidad fue otro de los temas que entró en el debate. Una de las propuestas contempla la ampliación de la representación de distintos sectores dentro del Consejo Académico, los consejos de facultad y, en especial, en el mismo Consejo Superior Universitario. Sin embargo, mientras algunos miembros de la comunidad educativa consideran esta transformación necesaria para garantizar la equidad en la toma de decisiones, otros expresaron su preocupación sobre los efectos que una reforma de tal magnitud podría tener en la estabilidad institucional.
La elección del rector y otras autoridades universitarias fue un tema central en la discusión. Aunque la comunidad académica participa en consultas internas, el CSU no estaba obligado a acatar sus resultados, lo que generó controversia y malestar entre profesores y estudiantes. Un caso reciente fue la elección de Leopoldo Mazo, quien, pese a obtener la mayor votación, no fue designado inicialmente, desatando una crisis institucional y reavivando el debate sobre el proceso de elección y la transparencia en la toma de decisiones universitarias.
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