Así operan grupos delincuenciales que cobran por instalaciones ilegales de agua en Cartagena: generan pérdidas millonarias

La empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) alertó sobre el impacto económico y social de las conexiones ilegales y la manipulación de medidores de agua en la ciudad.

El gerente de la compañía, Jhon Montoya Cañas, afirmó que estas prácticas, promovidas por grupos delincuenciales organizados y dedicados a esta modalidad de delito, están ocasionando pérdidas superiores a los $50.000 millones anuales.

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Del mismo modo, señaló que estas actividades ilegales afectan las finanzas de la empresa, además de constituir un delito que puede acarrear graves sanciones legales.

“Están accediendo al servicio sin pagar por él a través de bandas criminales, que les ofrecen ese tipo de servicios, y queremos que los usuarios entiendan que esto es un delito no solamente para quien lo hace sino para que lo pide”, explicó el directivo, en declaraciones citadas por Caracol Radio.

De acuerdo con Montoya, los malhechores operan principalmente en comunidades subnormales, donde ofrecen servicios de conexión clandestina a cambio de dinero. Estas comunidades, que en su mayoría no pagan por el suministro de agua, representan un desgaste significativo para la sostenibilidad del sistema.

El problema de las conexiones ilegales se agrava en los 204 asentamientos informales identificados en La Heroica, donde la mayoría de los habitantes no contribuyen económicamente al sistema de agua potable.

El directivo destacó que sectores como La Boquilla y Las Faldas de la Popa son ejemplos de comunidades que reciben el suministro de agua, pero no cumplen con el pago correspondiente. “En la ciudad tenemos 204 asentamientos que están demandando agua y hoy no la están pagando. Tenemos gran parte de La Boquilla y de las Faldas de la Popa donde abastecemos a estas comunidades pero no hay una corresponsabilidad por parte de estas personas con el pago”, explicó el directivo.

Además de las conexiones ilegales, Montoya denunció que los delincuentes también están ofreciendo servicios para manipular los medidores de agua, con el objetivo de reducir el consumo registrado y, por ende, las facturas de los usuarios. Esta práctica, según el gerente, está siendo utilizada por pequeños comercios y lavaderos de carros, sectores que requieren grandes cantidades de agua para sus actividades diarias, pero que buscan evadir el pago justo por el servicio.

“Esas bandas criminales están llegando a los usuarios y ellos están accediendo a estos servicios. Algunos de ellos son pequeños comercios o lavaderos de carros, es decir, usuarios que requieren agua de manera importante para el desarrollo de sus actividades pero que no quieren pagar por ella”, señaló Montoya. Y añadió que esta práctica constituye un delito que puede ser castigado con hasta 72 meses de cárcel, además de duras sanciones económicas.

Ante esta problemática, el gerente de Acuacar hizo un llamado a la ciudadanía para que no acceda a los servicios ilegales ofrecidos por estas bandas y denuncie cualquier caso que conozca. Además, solicitó un mayor acompañamiento por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional para combatir estas redes criminales y proteger los recursos hídricos de la ciudad.

Este no sería el único problema que enfrenta la ciudad por cuenta de las conexiones ilegales a los servicios públicos, debido a que en la mañana del lunes 17 de febrero de 2025, Afinia, empresa encargada de la prestación del servicio de energía en la región, dio a conocer los resultados de una jornada de su programa Conectados a lo Legal.

Esta iniciativa busca prevenir e identificar conexiones ilegales de energía en distintas zonas de la ciudad con el objetivo de fomentar la legalidad y garantizar un servicio eficiente. Durante la última actividad, llevada a cabo en los barrios Cabrero y Marbella, fueron detectadas ocho conexiones eléctricas irregulares.

Las inspecciones se realizaron específicamente en sectores comerciales de la zona norte de la capital del departamento de Bolívar. Como resultado de estas verificaciones, se descubrió que los medidores intervenidos registraban errores en la medición de consumo energético. Esto se tradujo en una pérdida de 5,072 kilovatios hora (kwh) de energía no facturada por un valor estimado de $5,107,143 millones mensuales, recursos que no fueron recolectados por la compañía.