Formularon cargos contra el exgobernador de San Andrés por presuntas irregularidades en contrato para mejoramiento de vías

La Procuraduría General de la Nación informó que profirió pliego de cargos contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023) por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de un contrato para el mejoramiento de vías rurales, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor superior a los 31.700 millones de pesos.

El Ministerio Publicó detalló que por esos mismos hechos también fue afectada con el pliego de cargos la directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), Emilia Álvarez Guerrero.

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De acuerdo con la investigación, el entonces gobernador habría firmado una constancia que señalaba que las obras se ajustaban al Plan de Ordenamiento Territorial de la isla, pese a que uno de sus tramos, la vía cuatro denominada Duppy Gully, no estaba acorde con el uso y tratamiento del suelo, pues se encuentra en una zona de conservación y amortiguamiento ambiental que incluye a la Cuenca de El Cove.

Además, esa certificación habría sido utilizada como sustento para que el proyecto de inversión fuera viabilizado y aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz).

Para la Procuraduría, Hawkins Sjogreen, al firmar esa certificación, “dejó de lado el especial cuidado que debe tenerse en la ejecución de los recursos públicos, más cuando provienen del SGR, que están orientados especialmente al cierre de brechas en el desarrollo económico, social y ambiental de las poblaciones vulnerables, lo que trascendió a los habitantes de Duppy Gully a quienes se pretendía solucionar su intercomunicación”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Aremca es investigada porque seleccionó al contratista y adjudicó los trabajos sin convocar una licitación pública como mecanismo obligatorio de selección y, además, sin utilizar los pliegos tipo, procedimientos que debían aplicarse por tratarse de un proyecto de inversión financiado con recursos del SGR.

Por esos hechos, la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR calificó la presunta conducta del entonces gobernador como una falta grave cometida con culpa grave, mientras que la de Álvarez Guerrero fue calificada como una falta gravísima cometida con dolo.

Esta no es la primera investigación que tendrá el organismo de control contra el exgobernador de San Andrés. En febrero de 2025, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Hawkins Sjogreen por posibles irregularidades en la planeación y ejecución de un proyecto destinado al fortalecimiento del turismo y la reactivación económica de la isla.

Según informó el organismo de control, dicho proyecto se encontraba financiado con recursos del Sistema General de Regalías por un valor superior a los 15.900 millones de pesos.

Igualmente, la entidad detalló que esta investigación también vincula a otros funcionarios de la administración departamental, así como representantes de diferentes entidades que respaldaron la iniciativa. Entre los investigados se encuentran Jonathan Taylor Díaz, exsecretario de Turismo; Nidia Angélica Hernández, exsecretaria de Planeación.

También, se encuentran Marlon Giovany Gómez Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, y que fue la entidad encargada de ejecutar el proyecto; y Beatriz Eugenia Mosquera, representante legal de Fundapacífico, fundación responsable de la interventoría de las obras.

Asimismo, la Procuraduría mencionó que las presuntas irregularidades se habrían originado en las fases iniciales del proyecto, específicamente en su formulación y estructuración. “No se habría realizado un adecuado análisis del mercado que permitiera relacionar los montos de dinero a invertir con las actividades a realizar”, explicó el organismo de control en un comunicado.

Además, el Ministerio Público indicó que durante la fase precontractual se habrían presentado inconsistencias significativas. Entre estas, destaca la falta de evidencia de un estudio detallado del sector turístico de la isla, lo que podría haber afectado la viabilidad y el impacto del proyecto.

“Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”, mencionó la Procuraduría.

El proyecto investigado tenía como objetivo principal impulsar el turismo en San Andrés, un sector clave para la economía local, especialmente tras los desafíos que enfrentó la isla en los últimos años, como lo fue la pandemia del Covid-19 y los daños causados por fenómenos naturales como el huracán Iota en el año 2020.