El escándalo de las presuntas recomendaciones políticas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) continúa generando repercusiones en Colombia.
El ministro saliente de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, deberá presentarse el próximo 14 de marzo a las 9:15 de la mañana ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración sobre este caso.
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La diligencia estará a cargo del magistrado Francisco Javier Farfán, que lidera la investigación que involucra a más de treinta congresistas y otros altos funcionarios.
Reyes entregó a la Fiscalía un listado con 48 nombres de personas que, presuntamente, le solicitaron favores para ocupar cargos en la Dian. Entre los señalados se encuentran congresistas, excongresistas y otros funcionarios, de los cuales 33 tienen fuero constitucional, lo que otorga competencia a la Corte Suprema para investigar sus casos.
Este listado fue remitido al alto tribunal por la Fiscalía, que compulsó copias para que se iniciaran las respectivas indagaciones.
Uno de los nombres más destacados en esta lista es el del actual embajador de Colombia en el Reino Unido y expresidente del Senado, Roy Barreras. Reyes lo señaló de haberle recomendado el nombramiento de personas en puestos clave de la Dian, específicamente en las seccionales de Buenaventura y Cali, zonas estratégicas para el control arancelario y altamente sensibles al contrabando y al narcotráfico.
Barreras también enfrenta una denuncia interpuesta por el senador Jota Pe Hernández, que lo acusa de prácticas irregulares relacionadas con este caso.
El exministro Reyes ya había comparecido ante la magistrada Cristina Lombana para ampliar su versión sobre las acusaciones contra Barreras. En su testimonio, El también exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes afirmó que el embajador habría ejercido presiones para que se designaran personas de su confianza en la Dian, lo que generó una investigación preliminar en su contra.
La investigación no se limita a Barreras. El magistrado Francisco Farfán abrió una indagación previa contra 32 congresistas, entre ellos nombres como Alfredo Rangel Deluque, Mauricio Parodi Díaz, Enrique Cabrales Baquero, Saray Elena Robayo, Liliana Esther Bitar, Ciro Antonio Rodríguez, Yenica Sugein Acosta, Daniel Restrepo Carmona, Armando Antonio Zabaraín, Édgar Jesús Díaz Contreras, Sandra Yaneth Jaimes Cruz, Carlos Mario Farelo Daza y Ángela María Vergara.
Otros legisladores mencionados en la lista incluyen a Germán Alcides Blanco, Leonardo de Jesús Gallego, Antonio Correa Jiménez, José Alfredo Martínez Sánchez, Silvio José Carrasquilla Torres, Fernando David Niño Mendoza, Óscar Darío Pérez Pineda, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Carlos Alberto Cuenca Chaux, Juan Carlos Garcés Rojas y Efraín José Cepeda Sarabia. Además, figuran el actual ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, y otros congresistas como Juan Sammy Merheg Marun, Olga Lucía Velásquez Nieto, Nicolás Alberto Echeverry Alvarán, Dorina Hernández Palomino, Julio Alberto Elías Vidal, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Móniza Karina Bocanegra Pantoja.
El caso de las ‘cuotas políticas’ en la Dian no solo involucra presuntas irregularidades administrativas, sino que también está vinculado a problemas estructurales como el contrabando y el narcotráfico. Las seccionales de Buenaventura y Cali, donde se habrían realizado algunos de los nombramientos cuestionados, son puntos neurálgicos para el comercio exterior del país y, al mismo tiempo, zonas vulnerables a actividades ilícitas.
En este contexto, la investigación también alcanzó a otros actores. En el despacho del magistrado César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, avanza una indagación contra el excongresista Juan Diego Muñoz Martínez, señalado de participar en una presunta red de corrupción al interior de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Además, el caso se relaciona con la infiltración de Diego Marín Buitrago, conocido como el “zar del contrabando” o alias “Papá Pitufo”, en diversas dependencias de la Dian a nivel nacional.
El escándalo de las ‘cuotas políticas’ en la Dian ha puesto en el centro de la controversia a figuras clave del actual gobierno y del Congreso. Reyes, que ahora se encuentra fuera del cargo, ha sido un testigo crucial en este proceso, aportando información que podría derivar en sanciones para varios de los implicados.
La comparecencia del exministro ante la Corte Suprema el próximo 14 de marzo será determinante para esclarecer los hechos y avanzar en las investigaciones.
Mientras tanto, el caso sigue generando tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de las entidades públicas en Colombia. La atención se centra ahora en las decisiones que tome la Corte Suprema y en las posibles repercusiones para los involucrados en este complejo entramado de influencias y presuntas irregularidades.
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