El proceso judicial contra dos investigadores de la Fiscalía General de la Nación, implicados en el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, ha dado un giro inesperado el viernes 7 de marzo. Tras haber sido capturados el 21 de febrero de 2025, el juez de control de garantías determin, en una nueva audiencia, que no existían pruebas suficientes para mantenerlos en prisión preventiva.
La Fiscalía General de la Nación anunció la captura de Forero Cortés y López Linares, por su presunta participación en la investigación por lavado de activos contra Nicolás Petro. A los exinvestigadores se les señaló de presuntamente intervenir para alterar versiones de testigos en el proceso, con el fin de beneficiar a terceros.
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Adicionalmente, se les acusó de intentar manipular un proceso contra otro agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) vinculado a hechos criminales en Buenaventura. Específicamente, se les imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y favorecimiento.
Según las investigaciones, su intención era modificar declaraciones que implicaran a Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, con actividades relacionadas con el narcotráfico.
“Al parecer, por orden de superiores de la Fiscalía, pretendían que información de Pacho (Malo) no fuera exteriorizada… Un agente encubierto había suministrado información de Pacho (Malo) el 20 de abril de 2021 en la diligencia, pero como lo filtraron, se aseguraron que tal acto cognoscitivo no se conociera en el escenario jurídico”, afirmó la Fiscalía.
La decisión del juez y la defensa de los capturados
Pese a la gravedad de las acusaciones, la defensa de los dos investigadores logró desestimar la teoría del ente acusador. Durante las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, los mismos testigos que supuestamente estaban en peligro testificaron y negaron haber sido presionados.
“Dio apoyo y es él quien da las órdenes al señor Juan Camilo López, no es que ellos, los investigadores, como se ha querido vender, sean todopoderosos en la Fiscalía, sino que fue a solicitud del fiscal, por orden del fiscal”, argumentó el abogado Juan Felipe Criollo, defensor de los acusados.
El juez determinó que la Fiscalía no logró probar que los investigados representaran un riesgo para la sociedad ni para el proceso judicial. “La argumentación de la Fiscalía había resultado fuerte para entorpecer la acción de la justicia”, afirmó el juez, desestimando la necesidad de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El testimonio clave que cambió el rumbo del caso
Un testigo clave presentado por la defensa fue fundamental para la decisión del juez. Según su testimonio, Forero y López actuaron bajo órdenes superiores y no por cuenta propia, como lo había sostenido la Fiscalía.
“Un programa metodológico, que era un caso de un investigador y del que los señores directivos del nivel central tomaron seguimiento, [por lo cual] se designan unos investigadores. Cuando son casos de connotación, casos relevantes, nosotros pedimos apoyo al nivel central y así fue que se designó a dos investigadores, Víctor Forero y el señor Juan Carlos López, a quienes les di órdenes de policía judicial”, señaló el fiscal que testificó en favor de los acusados.
Además, explicó que los investigadores solo participaron en la revisión de una identificación fotográfica de un individuo implicado en un secuestro, sin haber alterado o presionado a testigos en el caso de alias Pacho Malo.
“Se toma contacto con los dos investigadores para revisar el reconocimiento fotográfico respecto de ese otro sujeto que había participado en el secuestro, llamó al señor Víctor para ver si le daba las órdenes de policía judicial a él y ellos me dijeron que no porque la actividad investigativa terminó y continuó con los investigadores del CTI que están asignados al Cauca”, agregó el testigo.
La liberación de Forero y López deja en entredicho la actuación de la Fiscalía en este caso, así como la solidez de las pruebas presentadas. La decisión también podría afectar el proceso contra Nicolás Petro, al poner en duda la veracidad de las investigaciones que lo involucran en el delito de lavado de activos.
Aunque los dos investigadores recuperaron su libertad, la Fiscalía podría apelar la decisión del juez y continuar con su proceso judicial. Mientras tanto, el caso de Nicolás Petro sigue siendo objeto de atención nacional, con un desarrollo que podría marcar un precedente en la justicia colombiana.
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