Procuraduría archivó el proceso contra el general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía por el caso de la ‘comunidad del anillo’

La Procuraduría General de la Nación archivó las investigaciones disciplinarias contra el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López, exdirector de la Policía Nacional, en relación con varios casos que incluían presuntas interceptaciones ilegales a periodistas, corrupción, enriquecimiento ilícito y su supuesta participación en una red de tráfico sexual conocida como la “comunidad del anillo”.

Según informó el Ministerio Público, las acciones disciplinarias prescribieron debido al tiempo transcurrido desde los hechos investigados, mientras que en otros casos no se encontraron pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.

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De acuerdo con la Procuraduría, los hechos relacionados con la presunta red de tráfico sexual habrían ocurrido entre los años 1998 y 2009, mientras que la investigación disciplinaria se inició en 2016. Esto excede el plazo de cinco años establecido por la ley para ejercer la acción disciplinaria.

Así mismo, las acusaciones sobre interceptaciones ilegales a periodistas entre 2014 y 2015 también fueron desestimadas por falta de pruebas que vincularan al general Palomino con dichas actividades. Según el material probatorio, no se pudo demostrar que el exdirector de la Policía tuviera conocimiento o participación en las interceptaciones denunciadas.

La denominada “comunidad del anillo” fue uno de los casos más mediáticos que involucraron al general (r) Palomino. Según las denuncias, esta red operaba dentro de la Policía Nacional y estaba relacionada con tráfico sexual y prostitución masculina. Sin embargo, la Procuraduría determinó que los hechos investigados, que datan de entre 1998 y 2009, ya habían prescrito al momento de iniciar el proceso disciplinario en 2016. Además, los testimonios recopilados no señalaron directamente a Palomino como participante en las conductas denunciadas.

En cuanto a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción, la Procuraduría indicó que estas también se remontan a los años 2006 y 2009, por lo que la acción disciplinaria ya estaba prescrita al momento de abrir el expediente. La entidad concluyó que no había elementos suficientes para continuar con las investigaciones en ninguno de los casos.

Otro de los puntos clave en las investigaciones contra el general (r) Palomino fue la denuncia de interceptaciones ilegales y seguimientos a las periodistas Victoria Eugenia Dávila (Vicky Dávila) y Claudia Morales durante los años 2014 y 2015.

Según consignó la Procuraduría, aunque se encontraron evidencias de actividades dirigidas a obtener información sobre la vida de Dávila, no se pudo probar que estas acciones fueran realizadas por miembros de la Dirección de Inteligencia Policial ni que Palomino tuviera conocimiento o participación en ellas.

En este sentido, el MInisterio Público señaló que los escritos anónimos enviados a las periodistas no ofrecían un grado de certeza suficiente para sustentar las acusaciones contra el exdirector de la Policía. “No se advierte cómo se habría ejercido sobre la fiscal una influencia indebida si sobre ella el general Palomino no tenía ningún tipo de ascendencia funcional o jerárquica”, concluyó la entidad.

Mientras tanto, el general (r) Palomino enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias relacionado con la captura del empresario y exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, en 2014. Según la acusación, Palomino habría intervenido ante la fiscal Sonia Lucero Velásquez para frenar el operativo, argumentando que Gallo era una persona de alto perfil y con conexiones influyentes, como el expresidente Andrés Pastrana Arango y el entonces presidente del Banco Mundial, Luis Alberto Moreno.

La fiscal Velásquez grabó la conversación en la que Palomino le habría propuesto “dejar el tema pendiente”. Sin embargo, el procurador delegado Bladimir Cuadro solicitó la absolución del general, argumentando que no hay pruebas suficientes de que Palomino utilizara su investidura para influir en las decisiones de la fiscal. Según Cuadro, la línea entre un tráfico de influencias y una simple recomendación es “muy delgada” en este caso, y las dudas deben resolverse a favor del acusado.

En su defensa, el general (r) Palomino aseguró que nunca tuvo la intención de evitar la captura de Luis Gonzalo Gallo, que finalmente fue detenido el 10 de febrero de 2014. Según su versión, su intervención buscaba garantizar que el operativo estuviera bien fundamentado y que no se cometieran errores que pudieran derivar en una condena contra el Estado, como había ocurrido en otros casos.

Palomino explicó que su preocupación surgió tras conocer detalles del operativo a través del entonces director de la Dijín, el general Jorge Rodríguez Peralta, que le señaló que Gallo no tenía el perfil típico de un despojador de tierras. Según el exdirector de la Policía, Gallo era una persona con estudios en prestigiosas universidades como Harvard y con una trayectoria destacada en el ámbito financiero, lo que generaba dudas sobre su implicación en los delitos investigados.

El general (r) insistió en que su única intención era cooperar con la administración de justicia y evitar errores que pudieran afectar la credibilidad de las instituciones. “Nunca realicé ningún tipo de actuación orientada a favorecer a ningún delincuente”, afirmó Palomino durante el juicio.

Luis Gonzalo Gallo Restrepo, exintegrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, fue señalado por su presunta participación en la legalización de predios despojados a campesinos por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región de Tulapas. Aunque Gallo ha negado tener vínculos con grupos paramilitares, ha sido llamado a rendir versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La captura de Gallo en 2014 se dio en el marco de una investigación por delitos como desplazamiento forzado, lavado de activos y concierto para delinquir. Según el expediente, los predios adquiridos por el Fondo Ganadero habrían sido despojados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia deberá analizar las pruebas presentadas y dictar sentencia en el caso por tráfico de influencias contra el general (r) Palomino. Mientras tanto, el exdirector de la Policía continúa defendiendo su inocencia y argumentando que sus acciones siempre estuvieron orientadas a preservar la confianza en las instituciones del Estado.