La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a Salvatore Mancuso para que rinda testimonio sobre el conflicto armado en Córdoba y Urabá, particularmente en relación con el respaldo económico que habrían recibido los grupos paramilitares en la región.
En este contexto, la Fundación Forjando Futuros insistió en la necesidad de conocer los nombres de las empresas que financiaron a estos actores armados.
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El auto de citación emitido por la JEP establece que Mancuso deberá brindar detalles sobre “las alianzas del paramilitarismo con sectores económicos en la región del Urabá; los pactos y acuerdos entre paramilitares y sectores políticos en el Urabá”. La diligencia tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de abril.
Para Gerardo Vega, abogado y representante de Forjando Futuros, es fundamental que las empresas involucradas en la financiación del paramilitarismo sean juzgadas en Colombia, como ya ocurrió con la multinacional Chiquita Brands en Estados Unidos.
“Aquí lo que queda pendiente y lo que está pendiente es la verdad de quienes financiaron, promovieron, financiaron, patrocinaron el paramilitarismo y la guerra que hubo en Urabá. Para nuestra opinión, eso es lo importante de la declaración de Salvatore Mancuso, Chiquita Brands y el empresariado que financió el paramilitarismo. Lo demás ya se conoce”, señaló Vega.
La comparecencia de Mancuso será de carácter reservado y contará con la presencia de las víctimas. Aunque la Corte Constitucional revocó su sometimiento a la JEP, el exjefe paramilitar aún puede declarar en calidad de testigo.
“El despacho relator de la Situación territorial de Urabá se encuentra facultado y estima útil, necesaria y pertinente la práctica del testimonio del señor Salvatore Mancuso Gómez en el marco de su investigación y en esos términos procederá”, establece el documento en el que se oficializa su citación.
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Las víctimas del conflicto en Urabá esperan que Mancuso entregue detalles sobre los nexos entre el paramilitarismo y el sector empresarial, con el fin de avanzar en los procesos judiciales contra aquellas compañías que contribuyeron al financiamiento de estos grupos.
Hasta el momento, no se han revelado los nombres de las empresas que podrían estar implicadas, pero la Fundación Forjando Futuros insiste en que la verdad sobre estos hechos debe conocerse y generar consecuencias legales en el país.
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