La deuda del Gobierno nacional con las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en el país sigue creciendo y ya alcanza cifras preocupantes. Desde marzo de 2024 hasta enero de 2025, el saldo pendiente por los subsidios de energía eléctrica llega a 2,8 billones de pesos, según cálculos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
Este retraso en los pagos no tiene precedentes y generó un fuerte impacto financiero en las compañías del sector, que son las que inicialmente asumen el costo de los subsidios otorgados a los hogares de estratos uno, dos y tres. A través de un descuento en la factura mensual, las empresas cubren estos alivios económicos y, en teoría, reciben el reembolso del Gobierno en ciclos trimestrales. Sin embargo, esta vez el dinero no llegó a tiempo, afectando la estabilidad del sistema eléctrico.
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El subsidio es un mecanismo fundamental para aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables en Colombia. Actualmente, los usuarios de estrato uno reciben un subsidio del 60% sobre el consumo de subsistencia, mientras que los de estrato dos obtienen el 50% y los de estrato tres, el 15%. No obstante, la falta de pago por parte del Gobierno puso en riesgo la continuidad de este beneficio.
El Ministerio de Minas y Energía realizó liquidaciones y conciliaciones parciales de los subsidios otorgados en 2024, sumando un total de 1,3 billones de pesos. De este monto, con corte al tercer trimestre de 2024, aún están pendientes de pago 597.016 millones de pesos, que deberían ser asumidos por el Ministerio de Hacienda.
El 96% de estos recursos está concentrado en 10 empresas que prestan el servicio de energía eléctrica:
- Afinia (filial de Empresas Públicas de Medellín - EPM): 213.137 millones de pesos.
- EPM: 73.021 millones de pesos.
- Celsia: 67.494 millones de pesos.
- Enel Colombia: 50.229 millones de pesos.
- Cens (filial de EPM): 41.654 millones de pesos.
- Compañía Energética de Occidente (CEO): 35.630 millones de pesos.
- Electrohuila: 29.963 millones de pesos.
- Cedenar: 28.342 millones de pesos.
- Essa (filial de EPM): 28.033 millones de pesos.
- Dispac: 5.102 millones de pesos.
Además de estas obligaciones, el Gobierno aún debe 12.374 millones de pesos a Energía para el Amazonas (Enam) por subsidios entregados en el segundo y tercer trimestre de 2024 a usuarios de Zonas No Interconectadas (ZNI). También falta el giro de 70.788 millones de pesos destinados a subsidiar el servicio de energía eléctrica en áreas especiales entre agosto y diciembre de 2024. Estos recursos provienen del Fondo de Energía Social (Foes), pero la normativa establece que las empresas solo pueden aplicar los subsidios en la facturación después de recibir efectivamente el dinero.
El problema central radica en la falta de recursos por parte del Gobierno nacional. Según el Ministerio de Minas y Energía, a pesar de las gestiones para solicitar el desembolso de los subsidios, el Ministerio de Hacienda aún no asigna los fondos necesarios. La razón detrás de esta crisis es el déficit fiscal que enfrenta el país, lo que llevó al Gobierno a aplazar 12 billones de pesos del Presupuesto General de 2025. Estos recursos estaban previstos dentro de la reforma tributaria que finalmente no fue aprobada por el Congreso.
Frente a esta situación, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció en febrero que se realizaría un abono de 800.000 millones de pesos a la deuda con las empresas de energía. Este pago se dividirá en tres giros: el primero, de 350.000 millones de pesos, a finales de febrero; el segundo, de 250.000 millones de pesos, en marzo; y el tercero, de 200.000 millones de pesos, en abril.
Sin embargo, la deuda sigue creciendo. Cada mes, las empresas deben cubrir más de 300.000 millones de pesos en subsidios, lo que significa que, aunque se realicen estos pagos parciales, el saldo pendiente apenas disminuirá. Si no se encuentra una solución estructural, el sistema eléctrico del país podría enfrentar serios problemas, incluyendo apagones, como advierten varias compañías del sector.
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