La Corte Constitucional determinó que el Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la dirección de Guillermo Jaramillo, no logró justificar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024.
En consecuencia, ordenó al ministerio realizar los ajustes pertinentes, abarcando también el monto asignado para 2025.
Esta decisión se produce cuando las entidades del sistema de salud, especialmente las EPS, han manifestado que los recursos públicos disponibles no son suficientes para garantizar la atención adecuada a los usuarios.
A pesar de la orden de la Corte Constitucional de ajustar la UPC para 2024 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó la nulidad del Auto 007 de 2025, que fue emitido por el alto tribunal para ordenar dichos reajustes.
La representante a la Cámara Katherine Miranda lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional y dijo que era “evidente la burla hacia las Altas Cortes”.
Frente a estas palabras el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego no se quedó callado y le contestó a la legisladora que “usted representante debería ayudarnos en vigilar que no haya existido irregulares con el uso del dinero público”.
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La congresista Katherine Miranda en su publicación acusó al Gobierno de no gobernar en democracia ni respetar la separación de poderes, afirmando que en lugar de seguir los principios constitucionales, actuaban como si fueran una “todo poderosa dictadura”.
“¡Es increíble y evidente la burla hacia las Altas Cortes, no gobiernan en democracia y respeto a la separación de poderes, creen que son una todo poderosa dictadura!”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
En respuesta a las críticas de Katherine Miranda, el presidente Gustavo Petro aclaró que la orden recibida por el Gobierno es iniciar una mesa de diálogo para acordar el valor de la UPC. En ese sentido, enfatizó que todas las EPS de Colombia deben proporcionar, de manera veraz y oportuna, los datos precisos sobre los gastos realizados con los recursos públicos transferidos desde 2021. “Estoy a la espera de la información”, agregó el presidente, señalando que este proceso es clave para avanzar en la negociación.
Petro también le dirigió un mensaje a la representante, instándola a que cumpliera con su rol constitucional de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos. Señaló que su función como parlamentaria es asegurarse de que no haya irregularidades en el manejo del dinero público, ya que según el jefe de Estado “su función constitucional como parlamentaria es velar por el dinero de todas las y los colombianos”.
“La orden que que hemos recibido es iniciar una mesa para concertar el valor de la UPC para lo cual todas las EPS de Colombia deben aportar los datos ciertos de sus gastos realizados con el dinero público, transferido desde el año 2021 de manera veraz y pronta. Estoy a la espera de la información Usted representante debería ayudarnos en vigilar que no haya existido irregulares con el uso del dinero público porque su función constitucional como parlamentaria es velar por el dinero de todas las y los colombianos”, contestó el primer mandatario colombiano por medio de su cuenta de X.
En cuanto a la solicitud de nulidad hecha por la cartera antes mencionada, el director jurídico encargado del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, explicó en un documento enviado a los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero y José Fernando Reyes Cuartas, que la Corte Constitucional no permitió al ministerio realizar una verificación de las pruebas para esclarecer cómo se determinó el valor de la UPC. Este cálculo, según el funcionario, se basa en los estados financieros proporcionados por las propias EPS.
En este contexto, el Ministerio de Salud argumenta que se violó el debido proceso al no permitirles realizar la verificación correspondiente. “La mayoría de la sala no garantizó este mandato constitucional (artículo 29 de la Constitución Política de 1991) al Ministerio de Salud y Protección Social al no poner en conocimiento ni permitir la controversia de las pruebas y/o documentos allegados por los actores que participaron dentro de la discusión de la suficiencia de la UPC, esto es, las Empresas Promotoras de Salud y sus agremiaciones”, explica el documento que fue citado por El Tiempo.
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