El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno a testigos, experimentó recientemente una serie de eventos que han influido en su desarrollo, y es que el 24 de febrero de 2025, durante una audiencia clave, se llevó a cabo el interrogatorio al senador Iván Cepeda, una de las figuras centrales en este caso; sin embargo, la sesión concluyó con un conflicto relacionado con la programación de las próximas audiencias, lo que generó tensiones entre las partes involucradas.
Al terminar el interrogatorio, la jueza Sandra Liliana Heredia propuso programar las siguientes sesiones para avanzar en el proceso. No obstante, los abogados defensores manifestaron que tenían compromisos judiciales previos, argumentando que todos los jueces y casos eran importantes y que no podían incumplir con sus obligaciones ya establecidas. Esta situación llevó a la togada a expresar su descontento y a enfatizar la necesidad de priorizar este caso debido al riesgo de prescripción.
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La jueza recordó que, en la audiencia preparatoria de noviembre de 2024, se había acordado trabajar durante febrero, según lo previsto, sin que la defensa manifestara oposición en ese momento. Además, señaló que para marzo se requeriría una evaluación detallada de los compromisos de la defensa, al solicitar que se acreditara que los otros procesos en los que participaban los abogados se encontraban en condiciones similares a este, como la privación de la libertad de alguna persona o la implicación de una víctima menor de edad.
Destacó también que la defensa cuenta con dos profesionales de renombre, lo que debería facilitar la programación sin afectar el desarrollo del juicio.
La jueza enfatizó la importancia de aplicar el principio de concentración para resolver la situación jurídica del acusado, recordando que el proceso ha transcurrido por más de cinco años sin una resolución definitiva: “Recordemos también que todos estamos haciendo un esfuerzo en pro de dar aplicación al principio de concentración, resolver la situación jurídica del señor acusado que ya ha transitado más de cinco años sin que se le resuelva esta situación”.
El exmandatario, al notar la postura de la jueza, afirmó que se ha intentado construir la percepción de que existe una intención de dilatar el proceso, y enfatizó que “darle la cara, como se le ha dado la cara a este proceso, muestra todo lo contrario”.
Ante todo el conflicto, la togada hizo un llamado a mantener la compostura y evitar descalificaciones entre los profesionales involucrados, dirigiéndose específicamente al abogado Jaime Lombana. Indicó que estaba a la espera de que se acreditaran los compromisos de la defensa para ajustar la programación de las audiencias en abril, siempre y cuando se demostrara que los otros casos presentaban circunstancias más complejas que este.
Este caso está marcado por múltiples incidentes y controversias desde su inicio en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno. A lo largo de los años, el proceso ha enfrentado diversas suspensiones, cambios de jurisdicción y debates sobre la imparcialidad de los actores judiciales involucrados.
La defensa del expresidente argumenta que en varias ocasiones la existencia de irregularidades y falta de garantías procesales, mientras que las víctimas y la Fiscalía General de la Nación insistió en la necesidad de avanzar con celeridad para evitar la impunidad.
En este sentido, la programación de las próximas audiencias se convirtió en un punto crítico, por lo que la jueza Heredia propuso retomar las sesiones el miércoles 26 de febrero a las 8:30 a. m. —como ya estaba acordado—, iniciando con dos rondas de preguntas al senador Iván Cepeda en un espacio denominado contrarredirecto.
Posteriormente, se espera uno de los momentos más relevantes del proceso: el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, considerado un testigo clave en este caso.
La jueza expresó que se evaluará si las circunstancias presentadas son más complejas que las actuales, reiterando que se ha procurado dar celeridad al proceso, especialmente considerando el riesgo de prescripción: “Vamos a verificar si se tratan de circunstancias más complicadas que esto, repito, conforme a la agilidad que se le ha ofrecido, teniendo en cuenta que está en riesgo de prescripción”. Además, indicó que será el Consejo de la Judicatura el encargado de determinar la programación de las audiencias en marzo, dejando en sus manos dicha decisión.
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