Caso Marelbys Meza: policías se habrían disfrazado de celadores para seguirla y vigilarla

Un informe filtrado ha puesto en alerta a la Fiscalía General y la Procuraduría General de Colombia, al revelar presuntas irregularidades en el uso de los recursos del aparato de seguridad del Estado para espiar a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia — entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro—, en medio del polémico caso del polígrafo al que fue sometida Meza.

Según el documento al que tuvo acceso Semana y que fue presentado por un funcionario anónimo de la Presidencia, agentes de seguridad vinculados a la Casa de Nariño habrían realizado un seguimiento ilegal de Meza, quien había sido acusada sin pruebas de robar dinero en la residencia de Sarabia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp.

De acuerdo con la denuncia, el coronel Óscar Dávila presuntamente coordinó con una empresa de seguridad privada para que patrulleros de la Presidencia se hicieran pasar por vigilantes en el conjunto residencial donde vivía Meza. Este aparente uso indebido de recursos oficiales ha generado serias dudas sobre la legalidad de las acciones emprendidas.

Cabe aclarar que Dávila fue encontrado muerto, en circunstancias poco claras, el 12 de junio del 2024. Nueve días después, Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación afirmaron que se trataría de un suicidio, versión que, pese a ser oficial, no ha sido admitida por algunos sectores.

El documento también involucra a altos funcionarios del gobierno, como Laura Sarabia y el entonces jefe de seguridad presidencial, el teniente Carlos Feria, según el medio mencionado.

Se señala que Sarabia habría solicitado a Feria investigar el supuesto robo, presionando por resultados inmediatos. Además, se menciona a Andrés Parra, otro funcionario de la Presidencia, quien habría proporcionado información crucial para llevar a cabo el seguimiento.

Según el informe, estas reuniones se habrían realizado en la oficina de Sarabia, en las que también participó Dávila, y en las cuales se discutieron detalles sobre la recuperación del dinero supuestamente robado, así como documentos que, según los involucrados, estarían vinculados a la seguridad nacional y al gobierno de Venezuela. No obstante, aún no se ha esclarecido la cantidad exacta de dinero involucrado, ya que las cifras han fluctuado desde los 4.000 hasta los 7.000 dólares.

Uno de los aspectos más delicados de este caso es la presunta interceptación ilegal de las comunicaciones de Marelbys Meza y su círculo cercano. Según la denuncia, el coronel Dávila habría gestionado estas interceptaciones con la colaboración de la Sijín de Bogotá, bajo la dirección del coronel Luis González Olmos.

Para justificar las escuchas, se habría creado un montaje en el que se vinculaba a Meza con el Clan del Golfo, asignándole el alias de La Niñera. Este montaje habría sido utilizado para obtener la autorización de un juez para las interceptaciones.

El documento también señala que, tras la muerte del coronel Dávila, se habrían realizado movimientos estratégicos dentro de la Policía para encubrir las pruebas relacionadas con estas interceptaciones. Según el funcionario denunciante, el coronel González Olmos fue trasladado a la Dijín con el propósito de ocultar evidencias, mientras que otros altos mandos cercanos a Feria y Sarabia fueron designados en posiciones clave para controlar la información sobre el caso.

El fallecimiento del coronel Óscar Dávila, ocurrido en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá, sigue siendo un punto de controversia. Aunque el informe de Medicina Legal concluyó que se trató de un suicidio, las circunstancias que rodearon su muerte han generado múltiples interrogantes. Según Semana, Dávila se había acercado a la Fiscalía para proporcionar detalles sobre los hechos antes de su fallecimiento.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, también ha expresado dudas sobre la versión oficial, recordando un caso previo de intento de infiltración en la campaña presidencial de Gustavo Petro. En este contexto, Rodríguez afirmó: “No estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”, sugiriendo que las muertes de figuras clave en casos sensibles podrían no ser fortuitas.

La denuncia también menciona a otros oficiales que hasta ahora no habían sido vinculados directamente con las investigaciones. Entre ellos se encuentran los coroneles Luis González Olmos y Fabio Mauricio Gallego, así como la mayor Sandra de Patrimonio, quienes habrían dado órdenes para eliminar información relacionada con las interceptaciones. Según el documento, la mayor habría instruido al capitán Óscar Mojica, quien mantenía contacto directo con Laura Sarabia, para llevar a cabo estas acciones.

Además, se señala que el coronel Gallego fue designado como jefe de la Sijín de Bogotá tras la negativa del coronel Villarte a destruir evidencia que podría haber sido clave para la Fiscalía.

Por estos hechos, ya han sido condenados a diez años de prisión el intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros Dana Canizales y José Sebastián López, quienes firmaron un preacuerdo con la Fiscalía. Durante una audiencia reservada, Quinchanegua afirmó que las órdenes provenían directamente de la Presidencia.

En horas de la mañana del 22 de febrero, el abogado de Marelbys Meza celebró la difusión de estas denuncias. “Seguiremos insistiendo en que todo aquel que persiguió ilegalmente te a Marelbys Meza responda antes las autoridades . Han aceptado mandos medios de la Policía de Colombia, pero aún faltan superiores que dieron órdenes o guardaron silencio. ¡Nos descansaremos! PD: también estoy feliz, vivo , por si acaso”, expresó en su cuenta oficial de X, antes Twitter.