Ministerio de Salud decidió acatar orden de la Corte Constitucional: ordenó pagar $819.000 millones de los llamados presupuestos máximos

El Ministerio de Hacienda autorizó el desembolso de 819.000 millones de pesos para saldar la deuda pendiente con el sistema de salud correspondiente a los presupuestos máximos de la vigencia 2022.

Según informó la cartera a través del decreto que se dio a conocer en la mañana de este jueves 20 de febrero, esta decisión responde a una orden emitida por la Corte Constitucional en el Auto 2049 de 2024, que instruyó al Ministerio de Salud a liquidar la deuda y a garantizar los recursos necesarios para ello.

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Sin embargo, el documento advierte que el pago no será inmediato y se realizará en cuatro cuotas mensuales entre febrero y mayo de 2025.

Los presupuestos máximos son fondos destinados a cubrir servicios, medicamentos y procedimientos que no están incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como los tratamientos para enfermedades de alto costo y baja frecuencia, entre ellos los requeridos para atender enfermedades raras.

En 2024, el Gobierno intentó resolver esta deuda mediante la aprobación de un Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) que aseguraba los recursos.

Sin embargo, el desembolso no se concretó antes de que el documento perdiera vigencia el 31 de diciembre de ese año, dejando la deuda sin saldar.

Este incumplimiento llevó a la Corte Constitucional a intervenir y emitir órdenes claras para garantizar el pago.

Aunque la Corte ordenó que el pago se realizara de manera inmediata, en un plazo no mayor a 48 horas, el desembolso se llevará a cabo en cuatro cuotas.

Según se lee en la resolución, los primeros tres pagos, de 200.000 millones de pesos cada uno, se realizarán en febrero, marzo y abril de 2025. El monto restante, de $219.667 millones, será transferido en mayo del mismo año.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), conocida como el “banco de la salud”, será la encargada de distribuir estos recursos entre las EPS (Entidades Promotoras de Salud).

En el régimen contributivo, las EPS que recibirán los mayores montos son Nueva EPS ($193.387 millones), Sanitas ($95.110 millones) y Sura ($55.694 millones).

Por su parte, en el régimen subsidiado, los mayores desembolsos serán para Nueva EPS ($88.088 millones), Emssanar ($53.865 millones) y Asmet Salud ($46.378 millones). En caso de que alguna EPS deba reintegrar recursos, estos serán depositados en las cuentas designadas por la Dirección General del Tesoro Nacional.

El Auto 2049 de 2024 emitido por la Corte no solo exige el pago de la deuda acumulada de 2022, sino que también establece otras obligaciones para el Gobierno. El alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud saldar los montos adeudados correspondientes a los meses restantes de 2024.

Además, a partir de 2025, los pagos deberán realizarse dentro de los primeros 15 días de cada mes, con el objetivo de evitar nuevos retrasos y garantizar la continuidad en la atención de los pacientes.

Esta medida busca corregir un problema estructural en la financiación del sistema de salud, que ha afectado la prestación de servicios esenciales.

El PBS cubre aproximadamente el 91% de los servicios y tecnologías de salud en Colombia, mientras que el 9% restante, que incluye tratamientos más complejos y costosos, depende de los Presupuestos Máximos.

Según el último informe del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en 2023 se reportaron 82.491 casos de enfermedades huérfanas en el país, lo que evidencia la importancia de garantizar un financiamiento oportuno para este segmento de la población.

La demora en los pagos ha generado preocupación en el sector salud, ya que afecta directamente la calidad de vida de más de 82.000 pacientes. Además, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han señalado dificultades financieras derivadas de estos retrasos, lo que podría comprometer la continuidad en la prestación de servicios médicos.

En paralelo al fallo sobre los Presupuestos Máximos, la Corte Constitucional emitió el Auto 007 de 2025, en el que ordena al Ministerio de Salud revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que reciben las EPS para garantizar la atención de sus afiliados.

Según el tribunal, el incremento aplicado a la UPC en 2024 fue insuficiente para cubrir la demanda de servicios de salud, y el ministerio no logró justificar que dicho ajuste fuera adecuado.

Desde 2016, el cálculo de la UPC ha enfrentado problemas debido a fallas en la información financiera del sector, lo que ha dificultado establecer un indicador preciso.

La Corte instruyó al Ministerio de Salud a crear mesas de concertación con los actores del sistema de salud para abordar el desfase en la UPC desde 2021 y definir mecanismos para compensar a las aseguradoras por las diferencias en los costos.

Además, el ministerio deberá presentar un informe en un mes justificando la fijación de la UPC para 2025 y, en un plazo de tres meses, desarrollar una herramienta que permita verificar la información financiera del sector. También, se estableció un plazo de diez días para conformar las mesas de trabajo con las EPS y otros actores del sistema.