Avanzan las investigaciones a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022 por presuntas irregularidades financieras que superaron los topes permitidos por la ley.
El 19 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes documentación necesaria sobre el proceso que lleva en contra del jefe de Estado.
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“De conformidad con los artículos 316, 321! y 323 del C. P. P. Ley 600 de 2000, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en auto del 11 de febrero de 2025, proferido por el Magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia doctor Misael Fernando Rodríguez Castellanos, dentro del radicado del asunto, nos permitimos solicitar acceso al proceso bajo el radicado 5914 adelantado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, se lee en la misiva.
Según la instrucción del magistrado Misael Rodríguez, el material probatorio recopilado por la entidad debe de ser entregado el 19 de febrero de 2025 a las 2:00 p.m. Esta solicitud tiene como propósito estudiar los avances de la investigación.
“Para tal fin, agradezco su colaboración para tener la documentación del citado proceso disponible con el fin de adelantar diligencia de obtención de material probatorio”.
De igual manera, el alto tribunal continúa con la indagación que implica a 19 congresistas pertenecientes al Pacto Histórico, que también están siendo investigados por supuestas irregularidades en la financiación de sus campañas al Congreso de la República.
La investigación en su contra se centra en determinar cómo colaboraron con el entonces gerente de la campaña del partido de Petro, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en presuntamente maquillar los pagos a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) del narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo, alias Caco.
La fórmula es sencilla, los gastos del presidente Petro para viajar a varias partes del país con la empresa del condenado por narcotráfico en Estados Unidos habrían sido incluidos en los gastos de los senadores por un valor de $63 millones, se lee en los documentos que tiene bajo su poder el Consejo Nacional Electoral(CNE), presentados y firmados por Jaramillo.
Con respecto a las acusaciones, varios de los legisladores intentaron lavarse las manos, argumentando que no tenían ninguna relación con Sadi. Sin embargo, Semana publicó más de 130 hojas de conversaciones de un grupo de nombre: ‘Despachos avión campaña’ en el que se coordinaron los polémicos viajes del presidente de la República.
En los vuelos no aparecen registrados los senadores, sino altos mandos del Gobierno nacional como la canciller de Colombia, Laura Sarabia; el jefe de despacho, Armando Benedetti; el exjefe de seguridad investigado Carlos Feria; la primera dama, Verónica Alcocer; Sofía Petro, y su novio, Arnau Martí.
Incluso, varios congresistas y políticos afines a Petro que se posicionaron en altos cargos están incluidos en los viajes, pese a que lo negaron. El caso más destacado fue el del embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, que ha negado en varias ocasiones su vinculación a los desplazamientos en las aeronaves de alias Caco.
“Jamás he utilizado esa empresa. Primera vez que oigo de su existencia. Pediré a las autoridades verificar si existe algún registro de servicio pagado a mi nombre, con mi firma o autorización. No puede haberlo. Jamás los usé ni conocí. Si existiera algún uso indebido de mi nombre en alguna suplantación o falso registro, debe investigarse”, sostuvo.
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