El lunes 17 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció una indagación previa contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y del Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario (Epmsc) en Valledupar, Cesar.
La decisión del ente investigador está argumentada en un video en el que se aprecia la celebración de una fiesta entre privados de la libertad al interior del patio 2 de la cárcel Judicial de Valledupar.
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De acuerdo con la información que compartió la Procuraduría, la investigación se centrará en determinar la conducta de los funcionarios responsables de la custodia y supervisión de los reclusos y en esclarecer las medidas adoptadas tras la presunta celebración, que incluyó el uso de elementos prohibidos en el penal.
Los reportes indican que, durante la noche del lunes 10 de febrero de 2025, cuatro reclusos organizaron una fiesta en una de las celdas, en la que consumieron licor, escucharon música a altas horas de la noche y realizaron una transmisión en vivo a través de Facebook.
Detalles de la fiesta en Valledupar
Este video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó una oleada de críticas y cuestionamientos respecto a la seguridad y el control dentro de la cárcel judicial de Valledupar.
La transmisión en vivo, realizada en el interior del penal, mostró a los internos disfrutando de una jornada festiva, casi como si estuvieran en su casa.
Este hecho rompió flagrantemente las normas penitenciarias, que prohíben el consumo de alcohol y la utilización de elementos no autorizados en las instalaciones.
Además, se conoció que la celda en la que se desarrolló la fiesta contaba con comodidades adicionales que excedían lo permitido por el reglamento interno.
Entre los protagonistas del video identificados en algunos medios como “los plumas”, se encuentran internos de los patios 2 y 4 del penal.
Resulta aún más polémico el hecho de que los reclusos del patio 4 no debería haber estado en el patio 2, lo que constituye una violación a las normas internas de asignación y control de espacios dentro de la cárcel.
Los detenidos en este episodio estaban privados de libertad por delitos de hurto, y en el caso de uno de ellos, se reporta que le resta apenas un mes para cumplir su condena, lo que genera inquietud sobre cómo un interno próximo a la libertad se vio involucrado en una actividad que podría derivar en sanciones disciplinarias y afectar su proceso de reintegración.
Medidas disciplinarias y sanciones potenciales
Frente a este panorama, la Regional Cesar del INPEC se ha comprometido a verificar la conducta de los funcionarios responsables y a evaluar las medidas que se adoptaron luego de la celebración de la fiesta.
Por su parte, la Procuraduría, al abrir la indagación, buscará determinar si la permisividad y la eventual complicidad del personal penitenciario constituyen faltas disciplinarias.
Mientras tanto, la Regional Norte del INPEC, con sede en Barranquilla, ya se encuentra al tanto del caso y lidera las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo se permitió que se desarrollara esta situación.
El caso también ha despertado un debate más amplio sobre las condiciones de los centros penitenciarios en Colombia, cuestionando si realmente se está cumpliendo con el debido proceso y la garantía de derechos de los internos, o si se ha permitido que ciertos privilegios y conductas inapropiadas se normalicen dentro de estos espacios.
Con esta investigación, las autoridades pretenden no solo sancionar a los implicados, sino reforzar la confianza en el sistema penitenciario y en la capacidad del Estado para vigilar y corregir las deficiencias en la administración de justicia y en el manejo de las instituciones carcelarias.
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