Carlos Raúl Yepes, quien renunció a la junta de ISA, arremetió de nuevo contra el nuevo presidente de la empresa: “No eligieron al mejor, sino al que Ricardo Roa quería”

Carlos Raúl Yepes Jiménez, exmiembro de la junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), reveló detalles sobre las presuntas irregularidades en la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía, asegurando que la decisión no se basó en méritos ni en criterios técnicos, sino en una imposición de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

“Cuando cinco personas eligen a Carrillo sabían que no estaban eligiendo al mejor ni al recomendado, sino al que el doctor Roa decía que tenía que ser”, afirmó Yepes en una entrevista con El Tiempo.

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Además, sugirió que la decisión pudo haber estado influenciada por el Gobierno nacional. “No puedo afirmarlo con certeza, pero no me extrañaría”, agregó.

Yepes, quien renunció recientemente a su cargo en la junta directiva de ISA, había manifestado su desacuerdo con la designación de Carrillo en varias instancias. El 24 de agosto de 2024, dejó constancia de su oposición en la junta directiva; el 29 de agosto, se negó a firmar el contrato de Carrillo; y el 28 de enero de 2025, propuso una mayor vigilancia en los procesos de selección de directivos.

Uno de los principales cuestionamientos de Yepes es la trayectoria de Carrillo, quien anteriormente fue gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Según Yepes, la gestión de Carrillo en EPM tuvo un impacto negativo en la empresa y en la ciudad. “La gran obra de él fue haber sido gerente de EPM y ya todos sabemos cómo fue su gestión allá y lo más triste es que hubiera sido el aliado del entonces alcalde Quintero”, señaló.

Las reuniones posteriores a la elección de Carrillo, según Yepes, estuvieron marcadas por tensiones y desacuerdos, principalmente entre los representantes de Ecopetrol y otros miembros de la junta directiva que buscaban garantizar el interés general de la empresa.

Yepes afirmó que Carrillo presentó información inexacta sobre su trayectoria laboral, indicando que trabajó en la empresa Profesionales de Inversión (Profinvest) desde enero de 2009, cuando esta compañía fue creada en agosto de ese mismo año.

Estas irregularidades han generado preocupación entre los accionistas minoritarios y analistas del sector, quienes consideran que el proceso de selección no cumplió con los estándares de transparencia y buen gobierno corporativo.

En paralelo, ISA solicitó que las audiencias relacionadas con este caso sean confidenciales, argumentando que los temas tratados están protegidos por la normativa de secreto comercial y la Ley de Protección de Datos Personales. Según el escrito presentado por Londoño, las actas y grabaciones de las diligencias también deberían mantenerse bajo reserva, de acuerdo con el artículo de El Colombiano.

El caso también ha escalado al ámbito judicial. Julio César Yepes Restrepo, abogado y accionista minoritario, presentó una ampliación de su demanda contra la elección de Carrillo ante el Consejo de Estado el pasado 18 de diciembre.

En su recurso, argumenta que el proceso de selección violó los estatutos de la empresa, ya que el elegido no cumpliría con los tres requisitos establecidos en el acta 918 de la junta directiva. Además, solicitó al presidente de la junta directiva de ISA un informe detallado sobre la verificación de estos requisitos.

Las diligencias judiciales están en curso esta semana en Medellín, con la citación de todos los miembros de la junta directiva de ISA. Sin embargo, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y señalado por Yepes como el principal impulsor de la designación de Carrillo, solicitó un aplazamiento de su declaración.

La disputa legal ha generado incertidumbre entre los accionistas de ISA, quienes también han señalado irregularidades en la divulgación de información relevante.

Según Yepes, la decisión de nombrar a Carrillo como presidente fue comunicada a la Bolsa de Valores con un retraso de 15 horas, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 151 de 2021, que exige la publicación inmediata de este tipo de decisiones.

La situación reabre el debate sobre la transparencia en la selección de directivos en grandes empresas y la necesidad de fortalecer los principios de buen gobierno corporativo en Colombia.