El conflicto armado en la región del Catatumbo, Norte de Santander, se ha intensificado en 2025, desbordando la capacidad de respuesta del Estado colombiano.
Esta escalada violenta, que ha desplazado a más de 52.000 personas, dio la razón a las alertas que la Defensoría del Pueblo había emitido desde 2020 y que, según la entidad defensora de derechos humanos, fueron ignoradas.
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En este contexto, el 23 de enero la Defensoría remitió un documento reservado al Ministerio del Interior, en el que denunció la consumación de graves hechos victimizantes en la región del Catatumbo. El informe confirma lo que ya había sido alertado en los últimos años: el conflicto armado entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc ha tomado un giro devastador para las comunidades locales. Estos grupos se han enfrentado en un conflicto abierto, lo que ha resultado en una serie de atrocidades, incluidas masacres, desplazamientos forzados y secuestros.
La alerta temprana que no fue tomada en cuenta
En 2020, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana (AT No. 050-20) a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en la que se advirtió sobre la posibilidad de un enfrentamiento armado entre estos grupos ilegales. Según el oficio firmado por Nathalia Romero, delegada para la prevención de violaciones de derechos humanos, la situación era “alarmante” y se preveía un alto riesgo humanitario.
A pesar de estas advertencias, las tensiones entre las guerrillas del ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc no fueron debidamente gestionadas, y la violencia se ha intensificado de manera alarmante. En 2022, la Defensoría emitió un informe de seguimiento (Informe 014 de 2022), reiterando la gravedad de la situación. En él, se documentaba el aumento de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados y las consecuencias para la región.
“La Defensoría del Pueblo ha podido constatar la consumación de graves hechos de violencia generados con ocasión de la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33 de las facciones disidentes de las antiguas Farc a en los municipios de la subregión del Catatumbo”, se lee en el documento revelado y conocido por El Tiempo, poniendo de manifiesto que, desde el 16 de enero de 2025, cuando comenzó la arremetida violenta del ELN, las comunidades han sufrido consecuencias devastadoras.
Un llamado urgente a la acción del Gobierno
En su oficio, la defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al Ministerio del Interior, liderado por Juan Fernando Cristo, a actuar con “diligencia” para enfrentar la crisis humanitaria en la región. La entidad defensora de derechos humanos subrayó que “se deben tomar las acciones pertinentes para enfrentar la contingencia humanitaria actual”, e hizo un llamado a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para promover medidas de protección y esclarecimiento de los hechos.
El documento también menciona las dificultades de acceso a la región y la urgencia de coordinar esfuerzos con las alcaldías de los municipios más afectados, como Tibú y El Tarra.
Extensión de grupos armados en Norte de Santander
La magnitud de la crisis en el Catatumbo también ha sido respaldada por documentos de inteligencia revelados por Blu Radio. Según un informe sobre la presencia de grupos armados ilegales en el departamento de Norte de Santander, el ELN ha aumentado su número de combatientes en la región, pasando de 1.671 integrantes a 1.946 en los últimos años. Por su parte, las disidencias de las Farc han incrementado su presencia, pasando de 195 miembros a 285.
Aunque estos números reflejan un aumento de la violencia en la región, fuentes de inteligencia consultadas por el medio indican que la cifra podría ser aún mayor, debido a que otros grupos criminales han llegado al Catatumbo, provenientes de áreas como Arauca. Este movimiento de grupos armados ilegales ha recrudecido los enfrentamientos y ha empeorado la situación en el territorio.
El futuro de la región del Catatumbo sigue siendo incierto, y el llamado a la acción por parte de la Defensoría del Pueblo es claro: el Gobierno debe asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes para frenar la crisis humanitaria y proteger a los miles de colombianos atrapados en este violento conflicto.
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