En la tarde del viernes 31 de enero de 2025, se conoció que la defensa de la senadora Liliana Bitar, mencionada en una investigación por presuntos actos de corrupción en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la ampliación de su indagatoria.
Es importante señalar que la investigación se centra en la posible aceptación de dádivas por parte de los congresistas a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda
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Estas supuestas dádivas se habrían materializado en contratos otorgados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según las hipótesis manejadas por la Corte Suprema. El caso involucra a otros seis congresistas, además de Bitar: Julio Elías Chagüi, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, quienes también están siendo investigados por el alto tribunal.
La senadora Bitar, que anteriormente formó parte de la Comisión Tercera del Senado, busca ampliar su declaración en compañía de sus dos abogados, según reveló Blu Radio, el lunes 3 de febrero en el Palacio de Justicia.
Y es que el caso tomó especial relevancia tras la aparición de un manuscrito que, según el exdirector de la Ungrd Olmedo López, habría sido escrito por la representante a la Cámara por las curules de paz del departamento de Arauca, Karen Manrique. Este documento, que menciona a Liliana Bitar, ha sido utilizado como base para construir la hipótesis de la presunta participación de los congresistas en los hechos investigados.
Según detalló la Corte Suprema, los señalados habrían utilizado su posición en la Cipc para favorecer operaciones de crédito público a cambio de beneficios personales.
En diciembre de 2024, Liliana Bitar rindió indagatoria ante la Corte Suprema por los mismos hechos. Durante esa diligencia, que tuvo una duración de cuatro horas, la senadora respondió a las preguntas del tribunal en un contexto en el que otros congresistas implicados optaron por guardar silencio.
Los millonarios movimientos bancarios de congresistas salpicados por caso Ungrd
En la mañana del domingo 26 de enero de 2025, Semana publicó un informe de cerca de 200 páginas elaborado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el cual involucró a siete congresistas de la Comisión de Crédito Público en la investigación por presuntas irregularidades financieras y corrupción.
Según el documento divulgado, los legisladores están siendo investigados por supuestamente haber recibido beneficios económicos a cambio de respaldar los empréstitos gestionados por el gobierno de Gustavo Petro con la banca internacional.
El documento detalla un esquema complejo de contratos direccionados mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hacia contratistas específicos, lo que ha generado cuestionamientos de gran magnitud. Además, el informe incluye un análisis detallado de las relaciones políticas, financieras y contractuales de los congresistas investigados
Entre los hallazgos más relevantes resaltan transacciones financieras consideradas “injustificadas” por la Corte Suprema. Por ejemplo, se acusa a Wadith Manzur de realizar 22 transferencias financieras por un valor total de $289 millones con un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre enero de 2023 y julio de 2024.
Asimismo, se documentan 107 cheques emitidos por Manzur entre 2022 y 2024, con un acumulado de más de $1.495 millones, lo que habría beneficiado supuestamente a 20 personas.
Otro caso destacado es el de Julián Peinado, que presuntamente recibió un depósito de $400 millones en abril de 2023 de una persona vinculada a empresas favorecidas con contratos por la Ungrd, estableciendo además la conexión con la congresista Karen Manrique.
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