La Contraloría General de la República le advirtió al Gobierno de Colombia sobre un posible racionamiento de energía en el país, por una deuda acumulada que asciende a cerca de tres billones de pesos.
Este monto corresponde a pagos pendientes a los prestadores de servicios de energía y gas, lo que pone en riesgo el abastecimiento energético nacional.
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Según informó la entidad de control fiscal, esta situación está relacionada con los subsidios otorgados a los estratos más bajos de la población, que no han sido cubiertos en su totalidad.
En un comunicado oficial, la Contraloría General de la República convocó a los ministros de Minas y Energía y Hacienda para abordar esta problemática. La reunión también incluirá la participación de la Procuraduría General de la Nación y representantes de los gremios del sector minero-energético.
El objetivo principal es analizar las implicaciones de esta deuda y buscar soluciones que eviten un colapso en el suministro de energía y gas en el país.
“La Contraloría General de la República instó una vez más al Gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país, asunto que preocupa a la Entidad tal como manifestó en su estudio sectorial sobre Seguridad Energética y en la advertencia que emitió el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al Ministerio de Minas y Energía a mediados de noviembre de 2024″, se lee en el documento.
De esta manera, la entidad hace un llamado urgente a cubrir las deudas acumuladas por los subsidios, las cuales ascienden a los $3 billones, poniendo en riesgo la prestación del servicio de los estratos 1, 2 y 3.
Además, la entidad de control fiscal enfatizó que no está establecido cómo se pagará este déficit, luego de las declaraciones del Ministerio de Hacienda sobre el recorte económico en varios sectores, debido a la negativa del Congreso de la República para aprobar el Presupuesto General de la Nación (PNG) para el 2025.
Por otro lado, la Contraloría mencionó en el comunicado que no existen mecanismos claros para soldar la deuda de la opción tarifaria: “También preocupa al ente de control fiscal, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones en la que corresponde al giro de los recursos a las empresas prestadoras de servicios púbicos de energía y gas por parte de entidades públicas que no ha pagado por el servicio prestado”.
Apagón en Puerto Carreño expone la crisis del sistema energético colombiano
Un apagón que afectó a más de 40.000 habitantes de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, puso en evidencia la fragilidad del sistema energético en Colombia.
Según informó Electrovichada, la interrupción del servicio, que inició el 2 de enero de 2025 a las 4:00 p. m., se debió a deudas millonarias acumuladas por el Gobierno con las empresas del sector. Aunque el suministro fue restablecido tras 24 horas, el evento ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico en el país.
De acuerdo con Electrovichada, la falta de pago de subsidios ha dificultado la continuidad de sus operaciones. En esta región, el 60% de la energía proviene de biomasa, generada por la empresa Refoenergy, que asegura que el Gobierno le debe 1.600 millones de pesos desde marzo de 2024.
El restante 40% se genera en plantas de diésel operadas por Electrovichada, pero la situación se ha agravado debido a que la empresa Terpel suspendió el suministro de combustible por una deuda de 4.588 millones de pesos acumulada desde octubre.
En un intento por abordar los problemas estructurales del sistema energético, el presidente Gustavo Petro introdujo en 2024 una nueva fórmula tarifaria. Según detalló el Gobierno, esta medida busca corregir lo que se han calificado como prácticas injustas en el mercado eléctrico.
La fórmula establece una separación de los costos de generación entre empresas de bajo y alto costo, con techos diferenciados para cada segmento.
Además, el Gobierno emitió un decreto que elimina los costos de transmisión para quienes autogeneren energía limpia, una medida que pretende incentivar el uso de fuentes renovables. También se está evaluando la compra de la empresa Air-e, con el propósito de reducir las tarifas en la región Caribe oriental, una de las zonas más afectadas por los altos costos de la energía.
A pesar de las reformas, la crisis financiera del sector energético persiste. Según asociaciones como Andesco, Acolgen y Ser Colombia, el Gobierno adeuda más de 2,7 billones de pesos en subsidios eléctricos y 628.000 millones en subsidios para gas.
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