El expresidente del Senado Iván Name podría perder su investidura por tráfico de influencias en el caso de corrupción de la Ungrd: esta es la fecha de la audiencia

El próximo 3 de febrero, a las 3:00 p. m., el Consejo de Estado llevará a cabo la audiencia de pérdida de investidura contra el senador Iván Leonidas Name Vásquez, miembro del Partido Alianza Verde.

Esta diligencia judicial, que había sido aplazada previamente, busca determinar si el congresista incurrió en tráfico de influencias durante su gestión como presidente del Senado. La reprogramación se dio luego de que el pasado 25 de noviembre Name no pudiera asistir debido a una indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

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El proceso se centra en una denuncia presentada por el abogado Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Nacional Recursos Sagrados, quien acusa al senador de haber recibido 3.000 millones de pesos en octubre de 2023.

Según la demanda, este dinero provendría de un contrato millonario relacionado con la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades del departamento de La Guajira. La audiencia contará con la participación del procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado y del abogado defensor de Name, quienes expondrán sus argumentos frente a las acusaciones.

De acuerdo con lo publicado por Semana, las acusaciones contra el senador se basan en declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Ungrd.

Ambos señalaron que Name habría recibido dos maletas con 1.500 millones de pesos cada una los días 12 y 13 de octubre de 2023. Estas entregas habrían sido coordinadas por la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien actualmente enfrenta un proceso penal por su presunta participación en estos hechos.

El medio detalló que el plan para entregar el dinero al senador se habría gestado durante un desayuno en las suites del Hotel Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá. En este encuentro participaron Name, Pinilla y Ortiz, quienes habrían definido la logística para el traslado del dinero. Según las pruebas presentadas, incluidas conversaciones de WhatsApp, Ortiz y Pinilla jugaron un papel clave en la ejecución del plan.

El dinero habría sido transportado en camionetas blindadas asignadas a Sandra Ortiz, las cuales se dirigieron a un exclusivo barrio del nororiente de Bogotá, cerca del centro comercial Unicentro, donde reside el senador.

Este hecho forma parte de las pruebas que sustentan la denuncia de tráfico de influencias. La conexión entre los involucrados y la coordinación del traslado del dinero han sido elementos clave en el desarrollo de la investigación.

Además, el nombre de Iván Name fue mencionado en varias ocasiones durante las diligencias judiciales realizadas en noviembre de 2024, en las que se imputaron cargos y se solicitó medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz. Estas audiencias reforzaron las sospechas sobre la participación del senador en los hechos de corrupción relacionados con el contrato de los carrotanques.

La audiencia del 3 de febrero será determinante para el futuro político de Iván Name. En caso de que el Consejo de Estado encuentre méritos suficientes, podría declararse la “muerte política” del senador, lo que le impediría ocupar cargos públicos en el futuro.

E magistrado ponente, Jorge Edison Portocarrero, deberá redactar un documento con sus conclusiones, el cual será presentado ante la Sala Plena del Consejo de Estado para su decisión final.

Mientras tanto, el senador enfrenta una investigación paralela en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que busca esclarecer su presunta participación en estos actos de corrupción. Por su parte, la defensa de Name ha sostenido que las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla carecen de veracidad, argumentando que ambos han faltado a la verdad en sus testimonios.

El caso también ha puesto en el centro de atención a Sandra Ortiz, quien, según las acusaciones, habría jugado un papel crucial en la entrega del dinero al senador. Ortiz, quien era consejera presidencial para las Regiones en el momento de los hechos, enfrenta un proceso penal que podría derivar en sanciones severas. Las pruebas presentadas, incluidas las conversaciones de WhatsApp y los testimonios de los exdirectivos de la Ungrd, han sido fundamentales para vincularla al caso.

Por otro lado, el contrato de los carrotanques, que tenía como objetivo llevar agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira, ha sido señalado como un ejemplo de corrupción en la gestión de recursos públicos. Este contrato, que inicialmente buscaba atender una necesidad básica en una de las regiones más afectadas por la falta de agua potable, se ha convertido en el eje de un escándalo que involucra a altos funcionarios y políticos.