La exconsejera para las Regiones del Gobierno Petro, Sandra Ortiz, permanecerá en prisión tras la decisión de la juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El viernes 24 de enero, la togada confirmó la medida de aseguramiento que se había impuesto en su contra el 18 de diciembre de 2024, por su presunta participación en un desvío de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El recurso de apelación presentado por la defensa de Ortiz no tuvo éxito, lo que significa que la medida de aseguramiento, que había sido solicitada por la Fiscalía, sigue en pie. La exfuncionaria, que se encuentra recluida en la Estación de Carabineros desde su detención, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, los cuales ha rechazado, declarando su inocencia.
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La decisión del juzgado se basa en las pruebas presentadas, entre ellas, testimonios de exdirectivos de la Ungrd, como Olmedo López y Sneyder Pinilla. Ambos señalan a Ortiz como una pieza clave en una red corrupta que habría desviado los fondos destinados para la atención de desastres naturales. “Debe señalar el juzgado que efectivamente se dan los delitos de tráfico de influencias de servidor público, pues la señora Sandra tiene esas calidades de servidora”, afirmó la jueza al explicar su decisión.
Interferencia en la investigación: principal razón de la medida de aseguramiento
Además, la jueza justificó la medida cautelar al argumentar que la libertad de Ortiz podría interferir en el curso de la investigación. Durante el proceso, se ha destacado la figura de Ortiz como mediadora entre altos funcionarios del gobierno, como el presidente del Senado y el director de la Ungrd, lo que refuerza la acusación de que su papel podría haber influido en la asignación de contratos y recursos. “Se procedió a servir de ese puente entre un presidente del Senado y un director de la Ungrd, quien tenía en sus manos todas las obras y contratos”, agregó la juez.
La “organización criminal” detrás de los contratos durante emergencias
La Fiscalía General de la Nación aseguró que dentro de la Ungrd se creó una “organización criminal”, donde los involucrados se aprovecharon de las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública emitidas por el Gobierno para direccionar contratos a cambio de sobornos.
Según el ente acusador, el entramado delictivo fue encabezado por Olmedo López, que se desempeñaba como director de la entidad, y su subdirector Sneyder Pinilla. Ambos fueron clave en la manipulación de contratos que terminaron en manos de Luis Eduardo López “El Pastuso”, dueño de más de 30 empresas, algunas de las cuales, como Brands S. A. S., Impoamericana Rogers S. A. S., Proyectos RML y Kalmo S. A. S., fueron utilizadas para sus negocios ilegales. Todos los implicados han sido imputados por su participación en el escándalo.
En medio de la investigación, la Fiscalía señaló a la exfuncionaria del Gobierno, Sandra Ortiz, como la figura más alta del entorno presidencial involucrada en el caso. Según la investigación, Ortiz entregó $3.000 millones al exsenador Iván Name, por orden de Carlos Ramón González, en un supuesto acto de corrupción vinculado a los contratos de la entidad estatal.
El abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, ha rechazado las acusaciones, asegurando que su clienta ha sido víctima de presiones por parte de la Fiscalía. Medina destacó que la Fiscalía le ofreció un preacuerdo sin detallar los términos, lo que consideró un intento de vincularla al presidente Petro, con el fin de “salpicar” su imagen.
La defensa insiste en que Ortiz no tuvo conocimiento de los hechos y que ha sido usada como “chivo expiatorio” en el proceso que, según ellos, busca crear una narrativa política en contra del mandatario.
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