El Catatumbo, una de las regiones más conflictivas de Colombia, sigue siendo escenario de violencia con el asesinato de Pedro María Ropero Delgado, un reconocido líder social y delegado de Asojuntas Campo Seis en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Según reportó Indepaz, el homicidio ocurrió el sábado 18 de enero de 2025, en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona. Hasta el momento, debido a la grave situación de seguridad, no ha sido posible realizar el levantamiento del cuerpo, ya que ninguna funeraria ha acudido al lugar.
De acuerdo con Indepaz, Ropero Delgado formaba parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), una iniciativa que busca ofrecer alternativas a las comunidades que dependen de cultivos ilícitos. Su rol como líder social lo convirtió en un blanco en una región donde el control territorial y las disputas entre grupos armados como el ELN, el Frente 33 de las disidencias de las Farc y otros grupos locales han generado un clima de constante riesgo para quienes defienden los derechos humanos y promueven el desarrollo social.
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La violencia contra líderes sociales no cesa
El asesinato de Pedro María Ropero Delgado se suma a una preocupante lista de homicidios en el Catatumbo, donde ya se contabilizan seis líderes sociales asesinados en lo que va del año. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta un escenario de alto riesgo para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En alertas tempranas como la AT 050/20 y la AT 019/23, la entidad advierte sobre las amenazas constantes que enfrentan estas personas debido a la imposición de normas y formas de control social por parte de los grupos armados.
La situación en Tibú, específicamente, refleja la complejidad del conflicto en el Catatumbo. La presencia de actores armados como el ELN, el Frente 33 Bloque Magdalena Medio-EMBF y otras bandas locales ha generado un ambiente de inseguridad que afecta tanto a los líderes sociales como a la población en general. Este contexto dificulta no solo el trabajo de los defensores de derechos humanos, sino también la respuesta de las autoridades frente a hechos como el asesinato de Ropero Delgado.
Operaciones militares en la región
En respuesta a la creciente violencia, el Ejército Nacional desplegó tropas especiales en el Catatumbo con el objetivo de proteger a las personas amenazadas por el conflicto. Según declaraciones del general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, se implementó una operación en fases para garantizar la seguridad de firmantes de paz, defensores de derechos humanos y sus familias. Estas personas han estado siendo trasladadas a bases militares y estaciones de policía, desde donde se les brinda protección y se gestiona su traslado a refugios establecidos por las autoridades locales.
El general Cardozo también destacó que se fortalecieron los corredores seguros para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros recursos esenciales desde Cúcuta hacia Tibú. Además, se incrementaron las medidas de seguridad en los cascos urbanos y cabeceras municipales, donde se habilitaron albergues para las personas desplazadas por la violencia en las zonas rurales.
Un panorama alarmante para los derechos humanos
El asesinato de Pedro María Ropero Delgado pone de manifiesto la vulnerabilidad de los líderes sociales en Colombia, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde el conflicto armado sigue siendo una realidad cotidiana. Según Indepaz, la imposición de normas por parte de los grupos armados y el control que ejercen sobre las comunidades representan una amenaza constante para los derechos de la población.
La falta de garantías de seguridad no solo dificulta el trabajo de los líderes sociales, sino que también perpetúa un ciclo de violencia que afecta a las comunidades más vulnerables. En este contexto, el caso de Ropero Delgado no es un hecho aislado, sino un reflejo de la crisis humanitaria que enfrenta el país en su lucha por la paz y la justicia social.
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