
Desde el 7 de agosto de 2022, día de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, hasta la fecha, los grupos armados ilegales se han expandido por todo el territorio nacional, lo que ha producido graves afectaciones tanto a la fuerza pública como a la población civil.
Así lo manifiesta el reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW), publicada el jueves 16 de enero de 2025, en la que cuestionaron los resultados de la implementación de la política de paz total, promovido por la actual administración de Petro, así como los bajos resultados en la consolidación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.
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“Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de ‘paz total’ ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil (...) La violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país”, señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025.

En el documento, la organización mundial se refirió a los constantes actos criminales que han ejercido las estructuras armadas en el territorio colombiano, pese a que se concretaron diálogos de paz con varios grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.
“Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales”, se lee en el informe de HRW.
Además, la organización internacional sostuvo que el fortalecimiento de las estructuras armadas del país ha derivado en que la fuerza pública y las autoridades judiciales “no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados”.

De hecho, en el informe detallan que, para el mes de junio de 2024, “el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos ‘disidentes’ de las Farc, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 por ciento, el 23 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, en comparación con 2022″.
Una de las preocupaciones detalladas por la organización internacional es el reclutamiento forzado de menores de edad, ya que durante el primer semestre del 2024, se registraron 159 casos, así como el confinamiento de más de 71.000 familias colombianas, lo que corresponde a un aumento del 39 por ciento frente al 2023.
“A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como ‘confinamiento’, entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados”, agregó Human Rights Watch.

Los departamentos donde se registran mayores enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los grupos armados ilegales son Chocó, Cauca y Nariño, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).
De igual manera, la entidad señaló que, en 2024, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales “defendían los derechos de sus comunidades”.
Finalmente, Human Rights Watch lanzó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro por sus comentarios contra periodistas y medios de comunicación que, según la ONG, son percibidos como críticos de su gestión.
“El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno”, expresó HRW.
Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una “instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas” que, “sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación”, concluyeron.

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