La creciente oposición de las comunidades indígenas del norte del Cauca contra los cultivos ilícitos ha desencadenado nuevos episodios de violencia en la región.
Por ejemplo, según explicaron las autoridades, los recientes enfrentamientos entre la Guardia Indígena y cultivadores de coca y marihuana en el sector de La Aguada, zona rural de Caldono, dejaron más de diez comuneros heridos y varios retenidos.
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Los hechos se registraron en medio del desarrollo de actividades de erradicación de cultivos ilícitos lideradas por las comunidades indígenas.
De acuerdo con las autoridades, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica. Uno de ellos, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido a la ciudad de Cali para recibir tratamiento especializado.
Al parecer, los enfrentamientos se originaron cuando los cultivadores de coca y marihuana confrontaron a los indígenas que realizaban la erradicación manual de los cultivos. Y es que dichas acciones formarían parte de una estrategia para proteger sus territorios de los efectos negativos asociados al narcotráfico. Sin embargo, los choques violentos han generado preocupación por la seguridad de las comunidades involucradas
“Como cabildo y como guardia, siempre hemos tenido una posición firme, ya sea contra el narcotráfico o contra los grupos armados. Pero recientemente se presentaron casos de maltrato y heridos”, señalaron representantes de las autoridades indígenas.
Por su parte, el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció sobre la situación, destacando el papel de la Guardia Indígena en la defensa de sus territorios. Según el mandatario, la oposición de estas comunidades a los cultivos ilícitos responde a los impactos devastadores que estas actividades generan en la región. “La Guardia, que ejerce su autoridad legítima en los territorios, se opone firmemente a estos cultivos, conscientes de que traen consigo muerte y desolación”, afirmó Guzmán.
El gobernador también hizo un llamado al Gobierno nacional para que se implementen medidas efectivas que garanticen la protección de las comunidades indígenas y se aborden las causas estructurales del conflicto.
Ante ello, las comunidades afectadas pidieron al Gobierno Nacional una mayor articulación de esfuerzos para enfrentar esta problemática. Según las autoridades indígenas, la presencia de cultivos ilícitos no solo representa una amenaza para la seguridad de sus territorios, sino que también perpetúa la violencia y la inestabilidad en la región.
Es importante anotar que, según reveló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), los cultivos de coca crecieron un 10 % en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas en todo el territorio nacional, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.
El área sembrada con coca “a 31 diciembre fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas”, detallaba el informe anual de la Unodc divulgado el 18 de octubre de 2023.
“A diferencia del incremento (de los cultivos) entre 2021 y 2022 que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en este periodo el crecimiento fue más generalizado”, se leía en el mismo documento.
Los datos muestran que 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento” y que los de “Cauca y Nariño fueron los más afectados”.
Según explicaron los organismos encargados, se mantuvieron los 15 enclaves productivos, que concentraron el 39 % del área sembrada de coca en tan solo el 14 % de las regiones con cultivos en 2023.
“Solamente San Pablo-Taracué (en el departamento de Bolívar) redujo su área con coca en 3 % frente al 2022″, explicaron las autoridades.
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