Gobierno anunció que muchos contratistas se quedarán sin trabajo: pagos atrasados, incertidumbre laboral y promesas incumplidas, así es el día a día de quienes trabaja por OPS que Petro prometió legalizar

En Colombia, miles de contratistas del Estado enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre y los retrasos en los pagos. De acuerdo con Cambio, el problema se agudizó en diciembre de 2024, cuando entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informaron a sus colaboradores sobre la falta de recursos para cumplir con sus obligaciones salariales.

Esta situación, atribuida a problemas de liquidez derivados de un bajo recaudo fiscal, ha puesto en jaque a miles de trabajadores que dependen de contratos por prestación de servicios.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoció públicamente que el país enfrenta restricciones presupuestales, lo que ha obligado al Gobierno a priorizar los pagos de los empleados de nómina sobre los contratistas. Esta medida ha generado retrasos significativos en los desembolsos, afectando a personas como Camilo*, un contratista del Dane que aún espera el pago correspondiente a diciembre de 2024. “Es horrible no saber cuándo llega la plata, porque las cuentas para pagar tienen fechas que no se corren”, expresó Camilo al medio.

En 2022, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro prometió acabar con la figura del contrato por prestación de servicios, calificándola como una forma de “sobreexplotación laboral”. Ya en el Gobierno, Petro anunció un ambicioso plan para formalizar 700.000 contratos de este tipo, transformándolos en vinculaciones laborales con mayores garantías. Sin embargo, según los entrevistados por la revista, los avances han sido mínimos.

El Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) informó que, al cierre de 2024, solo 21.451 contratistas habían sido formalizados, una cifra que representa apenas el 3% de la meta inicial. Este ritmo de avance hace prácticamente imposible alcanzar el objetivo antes de agosto de 2026, cuando finaliza el mandato de Petro.

La directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, explicó al medio mencionado que los contratos por prestación de servicios han sido utilizados de manera inadecuada en el sector público, convirtiéndose en una herramienta política en regiones donde el Estado es el principal generador de empleo. Según Morad, eliminar esta práctica requeriría un control estatal más riguroso y mayores incentivos para las entidades públicas, algo que actualmente no parece viable.

El impacto en la vida de los contratistas

La precariedad de los contratos por prestación de servicios no solo afecta la estabilidad laboral, sino también la vida cotidiana de los trabajadores. Mariana*, que trabaja en una subred de salud en Bogotá, relató a Cambio cómo su contrato mensual ha sido un obstáculo para acceder a créditos bancarios o cambiar de empleo. “Cuando en un banco me piden una certificación laboral y ven que mi contrato se vence a fin de mes, les parece inestable”, explicó.

Además, este tipo de contratos no ofrecen prestaciones sociales como cesantías o vacaciones pagadas, lo que deja a los contratistas en una situación de vulnerabilidad. Mariana denunció que algunos de sus compañeros llevan más de una década bajo esta modalidad, sin haber tenido nunca un contrato laboral formal.

Andrea*, otra contratista del sector de inclusión social, compartió con la revista que la incertidumbre laboral es uno de los aspectos más difíciles de su trabajo. “No sabes si tienes trabajo luego de que se termine tu contrato. Puede que termine en cierta fecha, planeas unas vacaciones, y días antes te informan que hay una prórroga y no puedes viajar”, afirmó.

El retraso en los pagos es otro problema recurrente para los contratistas del Estado. Entidades como el Dane y la ANT han enfrentado dificultades para cumplir con sus obligaciones debido a restricciones en el Plan Anual de Caja (PAC) asignado por el Ministerio de Hacienda. En un comunicado enviado el 23 de diciembre de 2024, el Dane explicó que algunos pagos no pudieron ser efectuados dentro del mismo mes debido a estas limitaciones.

Camilo*, que trabajó en el Dane durante más de un año, relató cómo los retrasos en los pagos afectaron sus finanzas personales. “Hay mucha zozobra. Yo tengo que pagar la cuota de un apartamento y los servicios. Es horrible no saber cuándo llega la plata”, comentó.

La situación también ha generado tensiones dentro de las entidades públicas. Según Camilo, los coordinadores y supervisores, que suelen ser empleados de planta, están más preocupados por los funcionarios de nómina que por los contratistas. “El servicio público es un despelote: nadie da respuesta de nada y todos se tiran la pelota entre ellos”, afirmó.

La falta de estabilidad laboral y la dependencia de la renovación de contratos han generado un clima de miedo entre los contratistas, quienes evitan denunciar las irregularidades por temor a represalias. Andrea* explicó que, a diferencia de los empleados directos, los contratistas no pueden sindicalizarse ni exigir mejores condiciones laborales. “A mí no tienen que darme explicaciones para echarme: sólo no me renuevan el contrato y salgo”, señaló.

Camilo compartió una opinión similar, destacando que la falta de organización entre los contratistas dificulta cualquier intento de exigir cambios. “Cada quien vela por su contrato. Nadie se quiere organizar porque se presume que, si nos agrupamos o hacemos una acción para que se nos pague, pronto vienen represalias”, afirmó.

Mientras el Gobierno de Petro enfrenta críticas por el lento avance de su plan de formalización, miles de contratistas continúan trabajando en condiciones precarias, sin garantías laborales ni estabilidad económica.

Con más de 469.000 personas vinculadas al Estado bajo contratos por prestación de servicios, según datos de Colombia Compra Eficiente, el desafío de transformar este esquema en uno más justo y equitativo sigue siendo una tarea pendiente para el Gobierno y las entidades públicas del país.

*Los nombres fueron cambiados para proteger las identidades.