
La periodista Vicky Dávila, ahora precandidata presidencial para las elecciones en 2026, sostuvo un encuentro con Edmundo González, presidente electo de Venezuela, en un momento crucial para la transición política del país vecino.
La reunión, que tuvo lugar en Panamá y se extendió por más de una hora, abordó la situación actual de Venezuela y su relevancia para Colombia.
Dávila, reconocida por su postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro, expresó su apoyo a González y a María Corina Machado, destacándolos como figuras clave en la lucha por la democracia en Venezuela.
Durante la conversación, subrayó que muchos colombianos comparten su respaldo a los líderes opositores, una opinión que, según afirmó, contrasta con la posición oficial del gobierno de Gustavo Petro.
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“La democracia de Venezuela y la libertad de su pueblo no solo se defiende con palabras y trinos desde un escritorio, sino, acompañando personalmente a quien ganó la elección y es el legítimo presidente y quien debe posesionarse el 10 de enero”, escribió en X la comunicadora.
El contexto del encuentro está marcado por los esfuerzos de González para asumir la presidencia el 10 de enero, desafiando la resistencia del régimen de Maduro, que se mantiene en el poder y promete impedir su posesión. González planea viajar desde República Dominicana en un vuelo privado para aterrizar en Caracas, en lo que será un movimiento decisivo para su reconocimiento como mandatario.
La postura del Gobierno colombiano, liderado por Petro, ha sido objeto de críticas. Aunque el presidente anunció que no asistirá a la posesión de Maduro, decidió enviar al embajador Milton Rengifo en su representación, una decisión que ha generado controversia tanto en Colombia como en el ámbito internacional. Este gesto es visto por algunos como un reconocimiento implícito al régimen de Maduro, a pesar de las críticas de Petro sobre la falta de transparencia en las últimas elecciones en Venezuela.
También se supo que Petro y su canciller, Luis Gilberto Murillo, sostuvieron una reunión privada en Bogotá para discutir la postura de Colombia frente a la ceremonia de Maduro. Aunque Murillo propuso que ningún representante del Gobierno asistiera, Petro mantuvo su decisión de delegar al embajador Rengifo, justificando que esta medida responde a intereses diplomáticos y a los procesos de paz en los que Venezuela juega un papel clave.
El jefe de Estado argumentó que por la detención de Carlos Correa, defensor de derechos humanos en Venezuela, así como otros actos que suceden en ese país, su presencia en el acto de posesión no se puede dar.

“Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, indicó el mandatario.
Y agregó: “La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados. En Europa, en Venezuela y en los EEUU”.
Además, insistió que las elecciones del 28 de julio de 2024 “no fueron libres”, resaltando que “no hay elecciones libres bajo bloqueos”.
El presidente Gustavo Petro calificó como “una brutalidad enorme” separar a Colombia y Venezuela a la fuerza, razón por la cual descartó que se cierren las fronteras, así como romper las relaciones diplomáticas con ese país. Asimismo, explicó que Colombia no intervendrá en las situaciones que se viven al interior de Venezuela.

“Cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación”, aseveró el jefe de Estado.
De igual forma, afirmó que el progresismo en Colombia mantendrá su colaboración con “las fuerzas progresistas de Venezuela en procura de un gran diálogo político y social que lleve a la paz a toda la región y prevenga la violencia. La libertad de los pueblos es el objetivo de cualquier progresismo”.
Mientras tanto, figuras políticas como la excanciller Marta Lucía Ramírez han cuestionado duramente la decisión del gobierno colombiano, argumentando que representa un reconocimiento a una dictadura que viola derechos humanos y amenaza la democracia en la región.
El desenlace de esta situación podría tener un impacto significativo en las relaciones bilaterales y en la percepción internacional de los gobiernos implicados, en un momento en el que la estabilidad democrática de la región enfrenta serios desafíos.
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