El Congreso de la República, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y otras entidades y dependencias del Gobierno están en aprietos. Todas estas entidades anunciaron dificultades para continuar con su operatividad con normalidad o para el pago de salarios al personal.
El Dane, justamente, emitió un comunicado 23 de diciembre, en el que informó a sus contratistas que el pago de honorarios estaba retrasado porque el Ministerio de Hacienda no había girado los recursos necesarios para cumplir con esos compromisos. Esto, teniendo en cuenta los recortes presupuestales que ha hecho el Gobierno de Gustavo Petro por la falta de dinero que, según han explicado varios de sus funcionarios, empeoró tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
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“Se informa que, a la fecha, el Dane ha gestionado el trámite para el pago de todos sus prestadores de servicio, pero debido a las restricciones relacionadas con la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC) asignado mensualmente por el Ministerio de Hacienda, algunos pagos de los contratistas no podrán ser efectuados dentro del mismo”, explicó en su misiva.
En consecuencia, indicó al personal afectado que tan pronto tuviera el dinero girado por la cartera, la entidad haría el pago correspondiente a las cuentas pendientes de 2024. “Nuestra prioridad es que se haga lo más pronto posible y estamos trabajando en ello. Agradecemos su comprensión”, concluyó.
La crítica de Catherine Juvinao al Gobierno: “Esto es violencia”
Al respecto, la representante a la Cámara Catherine Juvinao se refirió a la grave situación que enfrenta el Dane, e indicó que hay más de 100 contratistas que no han recibido sus pagos desde octubre de 2024. El personal fue contratado para hacer el Censo Económico Nacional Urbano y, cumpliendo con sus labores, también pagaron sus exámenes y su seguridad social.
El problema no solo recae en que no han recibido su remuneración por el trabajo hecho, sino que, al parecer, desde el 31 de diciembre de 2024 no han recibido información sobre el dinero que les adeudan ni la fecha en la que pagarán.
De acuerdo con la congresista, la falta de pago por parte del Dane, que es responsabilidad del Gobierno nacional, es un tipo de violencia que se está ejerciendo sobre los contratistas. Asimismo, aseguró que la situación fiscal no es una consecuencia del archivo de la ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso, puesto que esta estipulaba los recursos para 2025 y, en este caso, hay deudas de 2024.
Desde su punto de vista, la falta de recursos surge de cálculos que hizo el mismo Gobierno para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024, el cual fue aprobado en 2023 para que pudiera entrar en vigencia.
“¿Esta es la dignidad que tanto defienden? Esto es violencia económica y psicológica para los trabajadores y sus familias, presidente @petrogustavo. Y no, no tiene nada que ver con la ley de financiamiento hundida. Esto son recursos del PGN debidamente aprobados desde 2023″, aseguró la representante.
Cabe resaltar que, con la ley de financiamiento, el Gobierno buscaba complementar una parte del PGN para 2025, contemplado en un inicio $523 billones. Después de que el Congreso no aprobó el presupuesto, quedó establecido por decreto por un monto de $511 billones. La reforma tributaria disponía de $9,8 billones de recaudo en materia de impuestos (antes $12 billones) para así poder aumentar un poco más el presupuesto, pero tampoco fue avalada por el legislativo.
“Nos llevaron casi al borde del default, que llaman, default, dicen los ingleses, default dicen los franceses, que es la cesación de pagos del Gobierno”, advirtió el jefe de Estado en un evento público llevado a cabo el 12 de diciembre de 2024 en Barranquilla, luego de que se hundiera la ley de financiamiento.
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