2025 llegó con una serie de incrementos que impactarán directamente los bolsillos de los colombianos. Uno de los sectores más afectados por estos aumentos es el del transporte público, con ajustes que varían según la ciudad y el tipo de servicio ofrecido.
En Medellín, desde el primero de enero de 2025, los usuarios del transporte público colectivo enfrentan nuevas tarifas: $3.400 para buses y busetas, mientras que los microbuses ahora tienen un costo de $3.500. Este ajuste busca responder a los costos operativos del sistema y garantizar su sostenibilidad.
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Por su parte, en Manizales, las autoridades locales informaron aumentos diferenciados según el tipo de servicio: los buses tienen un incremento del 8,2%, con una tarifa de $2.650; las busetas subieron un 7,4%, llegando a $2.900; los microbuses colectivos ahora cuestan $3.000, lo que equivale a un aumento del 7,1 %; y el cable aéreo, con un ajuste del 7,4 %, fija su precio en $2.900.
En el caso de Bogotá, el incremento en el Sistema Integrado de Transporte, que incluye los servicios zonales, entrará en vigencia el 18 de enero. La tarifa para 2025 se estableció en $3.200. Según la alcaldía, “el incremento busca garantizar la sostenibilidad del sistema, atender los costos operativos y mantener el equilibrio entre oferta y demanda, siguiendo criterios establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo y el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado al cierre de 2024″.
Barranquilla, por su parte, fijó las tarifas del Sistema de Transporte Unificado en $3.300 de lunes a sábado y $3.400 los domingos y festivos. Estas cifras aplican tanto para los buses urbanos como para el sistema Transmetro.
En Cali, aunque los ajustes aún no fueron definidos, la tarifa actual de $2.700 se mantendrá sin cambios hasta el 27 de febrero de 2025. Las autoridades locales señalaron que el nuevo aumento será comunicado antes de esa fecha, con el propósito de garantizar transparencia y previsibilidad para los usuarios.
Finalmente, en Ibagué, el aumento del 7% ya se encuentra en vigor desde el primero de enero. Esto fija la tarifa en $2.900 de lunes a sábado y en $3.000 los domingos y festivos, un cambio significativo respecto a años anteriores, cuando los ajustes solían implementarse al finalizar el primer mes del año.
Con estas nuevas tarifas, el panorama del transporte público en Colombia evidencia una tendencia al alza, impulsada por factores como el aumento en los costos operativos y el IPC. Para los usuarios, estos cambios representan un desafío adicional a la hora de planificar sus gastos cotidianos en 2025.
El golpe al bolsillo
El aumento en las tarifas de transporte público afecta de manera directa la economía de los colombianos, especialmente a los sectores de menores ingresos, que dependen mayoritariamente de estos servicios para sus desplazamientos diarios. Con incrementos que oscilan entre el 7% y el 8%, y nuevas tarifas que alcanzan hasta $3.500 en algunas ciudades, los usuarios verán un impacto significativo en su presupuesto mensual.
Para una persona que realiza dos trayectos diarios, el incremento puede representar hasta $60.000 adicionales al mes. Si se considera que el salario mínimo en 2025 quedó fijado en $1.600.000, estos costos equivalen al 3,75% de sus ingresos, sin contar otros gastos básicos como vivienda, alimentación y servicios públicos.
El efecto es aún más pronunciado para las familias que necesitan costear el transporte de varios integrantes. Además, los estudiantes y trabajadores informales, cuyos ingresos suelen ser más variables, enfrentan una mayor presión económica al tener que destinar una proporción significativa de sus recursos al transporte.
A nivel macroeconómico, el alza en las tarifas también podría desencadenar efectos secundarios, como un aumento en el uso de transporte informal o la disminución del consumo en otros sectores, dado que los hogares deberán priorizar gastos esenciales.
Aunque los gobiernos locales justifican los aumentos por el aumento en costos operativos y el Índice de Precios al Consumidor, el desafío sigue siendo garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte y la accesibilidad económica para los ciudadanos.
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