Alerta por falta de pago de subsidios de energía y gas por parte del Gobierno: podrían incrementarse las facturas

La situación energética y de gas natural en Colombia genera preocupación. De acuerdo con gremios del sector energético, podría haber un importante aumento en el cobro de las facturas de servicios públicos de energía y de gas debido a la falta de pago de subsidios por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) y la Asociación de Energías Renovables de Colombia (Ser Colombia), aseguraron que hay una crisis financiera sistémica en el sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las asociaciones aseguraron que los recursos con los que no están contando, cuya responsabilidad de pago corresponde al Gobierno, están afectando seriamente a todos los ciudadanos, pero, sobre todo, a quienes integran los estratos 1, 2 y 3, como beneficiarios de los subsidios adeudados, que fueron otorgados a los usuarios en 2024.

“La situación es insostenible debido a que el incumplimiento en el pago de los subsidios ya otorgados por las empresas prestadoras podrían imposibilitar que estas puedan continuar otorgando subsidios y/o pagar a los proveedores de energía, de otros servicios, empleados y demás acreedores”, precisaron en la comunicación.

Si el Gobierno nacional no cumple con los respectivos pagos, las facturas podrían incrementarse hasta en un 150%, en el caso más extremo, o, incluso, podrían presentarse cortes de servicios. Algo así ya está ocurriendo en Puerto Carreño (Vichada), donde 40.000 habitantes, aproximadamente, estuvieron a oscuras durante 20 horas debido a un apagón.

Electrovichada, la empresa encargada de prestar los servicios de energía eléctrica en el municipio, cesó sus operaciones por la falta de pago de subsidios por parte del Gobierno nacional. Según informó el gobernador de Vichada, Alex Benito, la administración del presidente Gustavo Petro debe más de $2 billones a las compañías prestadoras de los servicios públicos.

Los gremios del sector afirmaron que las empresas no han escatimado esfuerzos en esperar el pago de las deudas, pero, en el punto actual, dichos compromisos que siguen sin pagarse desbordan sus capacidades. No solo hay obligaciones por concepto de subsidios, sino también por saldos de opción tarifaria y por deudas de usuarios oficiales.

En cifras, los subsidios otorgados por el Gobierno a las empresas para el pago del servicio de energía eléctrica equivalen a $2,7 billones, a los que se suman otros $628.000 millones para el gas natural.

“Durante el 2024 se observó un comportamiento atípico tanto en apropiaciones como en el pago efectivo de subsidios, el cual se ha venido alertando por los gremios que suscriben este comunicado, y por entidades como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación”, añadieron.

Asimismo, según denunciaron, los subsidios para 2025 quedaron desfinanciados en la ley de Presupuesto General de la Nación, adoptada por medio de un decreto. En dicho documento quedaron descubiertos dos trimestres de pago de subsidios para energía eléctrica y dos trimestres y medio para el gas natural.

En consecuencia, los gremios del sector pidieron al Gobierno nacional desembolsar de manera urgente los valores que adeuda a las empresas, puesto que necesitan contar con flujo de caja para operar. Asimismo, insistieron en la necesidad de ajustar el presupuesto para 2025, dejando cubiertos los subsidios: debe incluir $2,1 billones para energía eléctrica y $900.000 millones para gas natural.

De igual manera, solicitaron que emitir certificados de deuda de subsidios, titularizar las obligaciones actuales que tiene con las compañías, permitir que se haga un cruce de impuestos con ellas y justar los criterios de asignación de subsidios, para que beneficien a la población más vulnerable del país.