Policías fueron juducializados por el homicidio de un soldado y la detención irregular de un líder indígena

El paradero de $27′000.000 incautados durante la captura de un líder indígena en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue siendo un misterio, según informó la Fiscalía General de la Nación. Este hecho, vinculado a la detención irregular del líder indígena Luis Evelio Rodríguez Arigato que, es parte de una investigación más amplia que también involucra el homicidio del soldado Alexander Orozco Zambrano. Ambos casos llevaron a la judicialización de dos policías, el subintendente William Armando Mendoza Chilama y el patrullero Darwin Emilio Arcos Martínez, que enfrentan graves acusaciones.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos ocurrieron entre el 26 y el 29 de febrero de 2024. El soldado Orozco Zambrano, que presuntamente disparó contra tres compañeros del Batallón de Selva 49, causándoles la muerte, fue localizado al día siguiente mientras navegaba en una canoa por el río Caquetá. En ese momento, el patrullero Arcos Martínez le disparó, dejándolo herido. Aunque fue trasladado a un hospital en Florencia, Caquetá, falleció dos días después. Según las pruebas recolectadas, el soldado no representaba un peligro inminente y se encontraba en estado de indefensión, lo que apunta a un posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados.

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El subintendente Mendoza, por su parte, ordenó la captura de Luis Evelio Rodríguez Arigatoque, que presenció el traslado del soldado herido. Durante el procedimiento, la Policía incautó un maletín que contenía 27 millones de pesos, dinero que, según el líder indígena, estaba destinado al pago de trabajadores de un proyecto social. Las autoridades justificaron la detención bajo la sospecha de que Rodríguez Arigatoque habría ayudado al soldado a escapar. Sin embargo, la investigación concluyó que no existían pruebas que respaldaran esta acusación, por lo que el líder indígena fue liberado. A pesar de ello, el dinero incautado no fue reportado ni entregado como evidencia, y su ubicación actual es desconocida.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los dos policías los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, fraude procesal y hurto calificado y agravado. Con base en lo revelado por el ente acusador, ninguno de los uniformados aceptó los cargos. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Es de mencionar que el caso generó preocupación por el presunto abuso de autoridad y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de los operativos policiales. La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, señaló que las pruebas apuntan a irregularidades tanto en el uso de la fuerza como en los procedimientos posteriores a los hechos. En particular, la falta de reporte del dinero incautado y su desaparición suscitaron interrogantes sobre la transparencia de las acciones policiales.

El homicidio del soldado Alexander Orozco Zambrano y la detención irregular de Luis Evelio Rodríguez Arigatoque no solo ponen en el foco a los dos policías involucrados, sino que también evidencia posibles fallas estructurales en los protocolos de actuación de la Policía en zonas de conflicto. La región de Putumayo, históricamente afectada por la violencia y la presencia de grupos armados, enfrenta desafíos adicionales en la construcción de confianza entre las comunidades locales y las autoridades.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue recopilando pruebas para avanzar en el proceso judicial y esclarecer los hechos. Este caso, que combina elementos de abuso de poder, violaciones a los derechos humanos y posibles actos de corrupción, subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el respeto por la ley.