El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lidera una propuesta que busca promover la descentralización fiscal en Colombia. Como parte de esta iniciativa, se recolectaron 3,3 millones de firmas, las cuales serán presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para solicitar la realización de un referendo que otorgue mayor autonomía fiscal a las regiones del país.
Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida por algunas personalidades políticas, quienes cuestionaron los resultados que esta podría tener en caso de que llegara a puerto. Ese fue el caso de algunos senadores de la República como Humberto de la Calle y Ariel Ávila. “Profundizaría el apartheid geográfico de Colombia”, dijo Ávila con respecto a este proyecto.
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La propuesta busca reformar la Constitución Política para permitir que los departamentos y el Distrito Capital gestionen directamente los impuestos de renta y patrimonio. Esto garantizaría que las regiones cuenten con recursos adicionales, complementando los ingresos que actualmente reciben a través del Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de fortalecer su autonomía fiscal y capacidad de inversión.
Aunque el Congreso aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que incrementará las transferencias a las regiones al 39,5 %, la implementación de estos cambios podría ser demorada. Por ello, el gobernador Andrés Julián Rendón impulsa el referendo como una alternativa más inmediata, permitiendo a los ciudadanos decidir sobre la autonomía fiscal mediante una modificación al artículo 298 de la Constitución.
Las firmas recolectadas excedieron en cerca de 1,3 millones el mínimo legal de 2 millones necesario para avanzar con el proceso. Ahora corresponde al órgano electoral evaluar su autenticidad y emitir un veredicto dentro de un plazo máximo de 45 días.
El senador Ariel Ávila criticó la propuesta de referendo impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificándola como “desigual, inequitativa y peligrosa”. A través de su cuenta en X, Ávila señaló que esta iniciativa podría profundizar las desigualdades regionales en el país y condenar a las zonas más vulnerables a un estancamiento histórico, refiriéndose al proyecto como una medida que fomentaría un “apartheid geográfico” en Colombia.
“El señor @AndresJRendonC famoso por una vaca fracasada y salpicada por versión de plata del clan del golfo, ahora promueve un referendo desigual, inequitativo y peligroso. Está iniciativa profundizaría el apartheid geográfico de Colombia y condenaría la mitad del país a la edad de piedra”, escribió por medio de su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.
El senador Humberto de la Calle también se sumó a las críticas contra la iniciativa de Andrés Julián Rendón, advirtiendo que el referendo sobre autonomía fiscal tendría consecuencias graves para las regiones más vulnerables. Según De la Calle, la propuesta perpetuaría las desigualdades territoriales, beneficiando solo a los departamentos más desarrollados, mientras que zonas como Chocó y La Guajira quedarían rezagadas en términos de recursos y oportunidades.
De la Calle calificó como un “sofisma” la idea de que ningún departamento perdería ingresos con esta reforma, argumentando que, en realidad, los territorios con mayores recursos serían los únicos favorecidos.
“Como lo dije desde el primer momento, me opongo al proyecto de referendo liderado por @AndresJRendonC sobre autarquía tributaria. Es la destrucción de la solidaridad nacional. Es la política del sálvese quien pueda. La tesis de que ningún departamento tendrá menos ingresos que los que hoy tiene es un sofisma. Porque los más desarrollados serán los favorecidos. En vez de cerrar brechas, las abre y las perpetúa en forma geométrica. Ay del Chocó, la Guajira, los territorios. Es desarrollo solo para los desarrollados”, comentó de la Calle.
Si las firmas son validadas, el siguiente paso será llevar la iniciativa al Congreso de la República, que decidirá sobre su viabilidad. El objetivo del proyecto es reformar la Constitución para otorgar a las regiones control sobre los ingresos que producen.
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