Fabio Alex Ortega, destacado líder social y defensor de derechos humanos, fue asesinado el 19 de diciembre en un ataque sicarial ocurrido en el barrio Cúcuta 75, de acuerdo con información de la Revista Semana.
Ortega se desplazaba en un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando fue interceptado por dos atacantes en motocicleta que abrieron fuego. En el intercambio de disparos, uno de los sicarios, un joven de 16 años, perdió la vida, y uno de los escoltas de Ortega resultó herido.
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Reconocido por su labor como personero en los municipios de El Zulia y San Cayetano, Ortega había recibido numerosas amenazas debido a su firme oposición a la minería ilegal. A pesar de esto, su esquema de seguridad fue reducido progresivamente, según denuncias recientes.
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Apenas un día antes de su asesinato, Ortega expresó a través de su cuenta en X (antes Twitter) su preocupación por la creciente vulnerabilidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, una advertencia que ahora cobra mayor relevancia.
El sindicato de trabajadores de la UNP, entidad encargada de los esquemas de protección, denunció serias irregularidades en el manejo de estos procesos. Según declaraciones emitidas por la organización, las medidas de protección se han convertido en un “calvario” desde la llegada de Augusto Rodríguez a la dirección de la UNP.
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En el caso de Ortega, confirmaron que se había disminuido su seguridad, incluso retirándole el vehículo blindado, a pesar de los antecedentes de amenazas y atentados. Estas afirmaciones coinciden con un artículo de la Revista Semana, donde se detallan quejas disciplinarias ante la Procuraduría por presuntos retrasos y falencias en la evaluación de riesgos y en la asignación de esquemas de protección.
En respuesta a la gravedad del asesinato, la UNP emitió un breve comunicado condenando los hechos y solidarizándose con la familia de Ortega. Sin embargo, no se han pronunciado sobre las denuncias que apuntan a las fallas internas en la asignación de medidas de protección.
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Mientras tanto, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar los responsables intelectuales detrás del ataque. Aunque uno de los agresores murió en el lugar, se sigue trabajando en la recolección de pruebas que permitan entender el contexto de este crimen.
El asesinato de Fabio Ortega ha generado una fuerte reacción en distintos sectores, que cuestionan la efectividad de los mecanismos de protección para los líderes sociales en Colombia.
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