No paran los problemas para el presidente Gustavo Petro por cuenta de sus comentarios que estarían atentando contra la prensa colombiana y la libertad de expresión y por el que más de una docena de medios, incluido Infobae Colombia, emitieron una columna de opinión en rechazo a las afirmaciones del jefe de Estado.
Ahora, se conoció en la mañana del lunes 16 de diciembre que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República.
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La demanda señala que el presidente Gustavo Petro ha incurrido en declaraciones y generalizaciones peligrosas que estigmatizan a los medios de comunicación y a los periodistas del país, generando una grave afectación a la libertad de prensa y de expresión, así como al acceso a la información.
En su argumentación, la fundación documentó una serie de mensajes y declaraciones del mandatario que, según el texto de la demanda, atentan contra los principios fundamentales del Estado de Derecho. Además, señala el deterioro de los indicadores de libertad de prensa en Colombia, respaldándose en informes recientes de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la acción popular también se resaltó que las acciones y palabras del presidente comprometen tres derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y prensa, considerada un pilar de la democracia y de la garantía colectiva de información; la moralidad administrativa, que exige actuar con rectitud en el ejercicio de funciones públicas y, finalmente, el servicio público de comunicación y acceso a la información, ligado a la independencia de los medios y la protección de los periodistas.
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, advirtió sobre los riesgos que estas conductas representan, además del daño al derecho a la libre expresión que causarían los comentarios del jefe de Estado.
“Las declaraciones del Presidente en contra de medios de comunicación y periodistas, que van en aumento y son cada vez más graves, podrían implicar que los y las periodistas se abstengan de informar de manera libre a la opinión pública. El Presidente y miembros de su gobierno, además, han estigmatizado la labor periodística, lo que pone el peligro a quienes se dedican a este oficio”, comentó Caro.
Asimismo, la demanda solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se le exija al presidente Petro que se abstenga de emitir comentarios intimidantes o descalificativos hacia los medios y periodistas, además de ofrecer disculpas públicas por sus declaraciones y que garantice la independencia de los medios de comunicación, prohibiendo cualquier intento de censura directa o indirecta, como presiones para modificar la pauta publicitaria estatal.
De igual forma, los demandantes solicitaron al tribunal que se proteja de manera efectiva a los periodistas en situación de riesgo.
Por su parte, el Tribunal de Cundinamarca también ha vinculado al proceso a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, resaltando la importancia de este caso en la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos.
“Adviértase al accionado y vinculados, que disponen de un término de diez (10) días para contestar la demanda y solicitar la práctica de pruebas, conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley 472 de 1998″, señala el auto del tribunal.
Con esta acción, la Fundación para el Estado de Derecho aseguró que busca no solo salvaguardar la libertad de prensa, sino también establecer un precedente que refuerce la obligación de los gobernantes de respetar y proteger este derecho esencial para la democracia.
“Esta demanda se suma a otras voces que ya se han pronunciado frente a esta situación, y es muy pertinente hoy justamente de cara a la publicación colectiva en varios medios de comunicación del país que en sus editoriales llaman a defender la libertad de prensa”, comentó la fundación en un comunicado.
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