Colombia enfrenta una crisis de derechos humanos marcada por la violencia armada y de género, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.
En el desarrollo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensora Iris Marín Ortiz destacó que en 790 municipios del país hay presencia de grupos armados, lo que representa un riesgo elevado para la población civil.
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La situación de violencia en Colombia es crítica, con un 71% de los municipios bajo Alertas Tempranas debido a la presencia de grupos armados. Estas alertas, emitidas por la Defensoría, reflejan la expansión territorial y la fragmentación de estos grupos, como el Clan del Golfo en el norte del país.
La disputa por el control territorial ha dejado a la población civil, especialmente a los líderes sociales, en una situación de vulnerabilidad extrema.
En el informe de la Defensoría del Pueblo también se mencionaron los departamentos que son más vulnerables a la presencia de los grupos armados ilegales.
“790 municipios en 32 departamentos se encuentran focalizados en riesgo a partir de las alertas tempranas emitidas. En departamentos como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y en subregiones como Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño confluyen dos o más GAO. Aunque en algunos departamentos solo haya presencia de un grupo armado, como en Guaviare (disidencia de las Farc -EP liderada por Mordisco), las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y “cercos humanitarios”, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública”, afirmó la defensora del Pueblo.
“La situación es bien crítica y se encuentra entre una y dos AT (Alertas tempranas) por cada departamento. Expansión territorial y la fragmentación de los grupos son dos características presentes”, dijo la defensora del Pueblo en entrevista con el programa Hora 20 de Caracol Radio.
Del mismo modo, la defensora se refirió a la dificultad de hacer mapas que permitan establecer en qué lugares se encuentran estos grupos armados. “Junto con varias entidades hablábamos de la dificultad de hacer mapas porque es mostrar una gran cantidad de grupos, las rutas o la presencia ocasional”, agregó Iris Marín.
Así mismo añadió que: “De las 325 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría desde el 2017, 205 identifican riesgos significativos para las mujeres en contextos del conflicto armado. Sin embargo, estamos comprometidas en fortalecer estrategias de protección”.
Además, el informe también dice que se han registrado 745 feminicidios en lo que va del año, lo que resalta la gravedad de la violencia de género en el país.
En cuanto a la violencia de género, la Defensoría del Pueblo informó que de los 745 feminicidios registrados, 44 fueron contra niñas y 11 contra personas trans.
Además, entre enero y septiembre se reportaron 26.605 casos de violencia de pareja y 333 incidentes de trata de personas. La defensora Marín Ortiz enfatizó que el conflicto armado agrava la situación de las mujeres, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lideresas sociales, afrodescendientes, indígenas y migrantes.
“En Colombia, el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico en derechos humanos, especialmente para las mujeres”, afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
El desplazamiento forzado es otro de los problemas críticos que enfrenta Colombia. Este año, más de 40.000 personas han sido víctimas de desplazamiento, según el informe de la Defensoría. Desde 2017, se emitieron 325 Alertas Tempranas, de las cuales 205 identifican riesgos significativos para las mujeres en contextos de conflicto armado.
La Defensoría también destacó la situación de los niños y adolescentes, que han sido víctimas de explotación sexual comercial y enfrentan altos índices de intentos de suicidio. Entre enero y noviembre de 2024, 1.381 menores fueron víctimas de explotación sexual, y se reportaron 14.245 intentos de suicidio en jóvenes hasta 19 años.
En respuesta a esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha firmado un pacto con diversas entidades para reducir las brechas sociales y construir una sociedad más equitativa. Este acuerdo busca fortalecer la cooperación estratégica y la implementación de programas de capacitación conjunta para defensores de derechos humanos en todo el país.
La situación en Colombia es alarmante, y la Defensoría del Pueblo continúa trabajando para fortalecer las estrategias de protección y garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los departamentos del país.
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