El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) hizo un contundente llamado a los grupos armados que operan ilegalmente en el departamento del Cauca, exigiendo la inmediata liberación de niñas, niños y adolescentes bajo su control, así como la entrega de información que permita localizar fosas comunes con los cuerpos de menores víctimas de reclutamiento forzado.
Astrid Cáceres Cárdenas, directora general del Icbf, condenó de manera enérgica estas prácticas, calificándolas como una violación grave a los derechos de los menores y al derecho internacional humanitario.
En su pronunciamiento reiteró que ningún menor debe crecer en el marco de un conflicto armado y subrayó la urgencia de que cesen estas acciones.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
“Ningún niño o niña merece vivir la adolescencia en el marco de un conflicto armado. Es hora de que los entreguen, es hora de que corten el reclutamiento forzado”, señaló la funcionaria.
El mensaje del Icbf llega tras el hallazgo de fosas comunes en el Cañón del Micay, una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Según reportes del Ejército, estas fosas contendrían cuerpos de menores reclutados por dichas organizaciones, un descubrimiento que ha generado conmoción y renovado los llamados a la acción por parte del Estado y la sociedad civil.
Exigencias para la reparación y justicia
El Icbf instó a los grupos armados a proporcionar la información necesaria para que los cuerpos puedan ser exhumados y entregados a sus familias, permitiéndoles una sepultura digna y un cierre a su duelo. Asimismo, responsabilizó a estos actores por la vida y el bienestar de los menores aún bajo su control, recordando que el reclutamiento de personas menores de 18 años constituye un delito según el derecho internacional humanitario.
Protección y articulación institucional
Cáceres reafirmó el compromiso del ICBF de trabajar en conjunto con el Estado y la sociedad para proteger a la infancia en las regiones más vulnerables del Cauca y el resto del país. En su intervención, destacó la necesidad de garantizar un futuro distinto para los menores en el Cañón del Micay, donde se espera que “crezca una generación para la paz”.
El pronunciamiento del ICBF se alinea con los esfuerzos liderados por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna), que en recientes meses también ha hecho un llamado para detener estas prácticas y liberar a los menores. La articulación entre estas entidades busca enfrentar de manera integral las consecuencias del reclutamiento forzado y prevenir futuros casos en las comunidades afectadas.
Impacto en las comunidades
El Instituto enfatizó el impacto devastador que el reclutamiento forzado tiene en las familias y comunidades de regiones como el Cauca. Estas prácticas perpetúan ciclos de dolor y desesperanza, privando a los menores de sus derechos fundamentales y generando profundas heridas sociales.
A través de esta declaración, el ICBF subraya no solo la necesidad de justicia y reparación para las víctimas, sino también la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección en territorios vulnerables. Este llamado a los grupos armados no solo busca la restitución de derechos para los menores afectados, sino también un avance hacia la construcción de una paz sostenible en Colombia.
JEP reveló cifras de reclutamiento de menores por parte de Farc
A mediados de noviembre, en un extenso documento de 759 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis miembros del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento forzado de menores. Según el informe, estos líderes son responsables del reclutamiento de 18.677 niños y niñas, muchos de ellos bajo amenazas y uso de la fuerza. Esta es la primera vez que se imputan cargos a miembros de esta antigua guerrilla por tales crímenes, que incluyen desde malos tratos hasta esclavitud sexual y tortura.
La JEP identificó a Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) como los principales responsables.
Más Noticias
Emergencia económica deja hasta el 50 % de la actividad bancaria bajo control estatal, según Asobancaria
La declaratoria de emergencia económica abrió la puerta a nuevas cargas sobre el sector financiero. Asobancaria advierte que el aumento del impuesto de renta podría trasladar cerca del 50 % de la actividad bancaria al control del Estado
Dian confirmó aumento del impuesto a las bolsas plásticas en Colombia: este será el valor en 2026
El nuevo monto de $73 se aplicará en todos los puntos de venta y contempla excepciones para bolsas biodegradables o reutilizables. El objetivo es seguir reduciendo el uso de plásticos de un solo uso en el país
Colfuturo confirma que desde 2026 el Gobierno dejará de financiar el crédito beca para estudios de posgrado
Colfuturo confirmó que a partir de 2026 no recibirá recursos del Gobierno para el Programa Crédito Beca, tras dos décadas de apoyo estatal que permitió a miles de colombianos cursar estudios de maestría y doctorado en el exterior
Sector gastronómico alerta que emergencia económica del Gobierno subiría impuestos y afectaría a restaurantes
Acodrés señaló que nuevas exigencias regulatorias y financieras podrían reducir la competitividad, limitar el consumo y poner en riesgo la estabilidad de miles de pequeños y medianos negocios
Gobernadora Dilian Francisca Toro solicita incidente de desacato contra el diputado Jonhy Acosta
El diputado sostiene que su labor de oposición ha sido legítima y que la Corte solo le exigió aclarar dos publicaciones, sin encontrar violencia de género en sus mensajes
