JEP negó libertad condicional para el general (r) Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe

Nuevamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco la libertad condicional que busca por sus aportes a la verdad. El exuniformado, que fungió como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2005, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, delito que cometió en alianza con grupos paramilitares.

Según informó Blu Radio, la Sección de Apelación pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizar si la conducta del compareciente, teniendo en cuenta que se ha abstenido de manera consistente a seguir aportando a la verdad. Pues, esto podría implicar la pérdida del beneficio del que goza actualmente: su privación de la libertad en una unidad policial; el Centro Especial de Reclusión de la Escuela de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro. Asimismo, estaría en juego su permanencia en el Sistema Integral para la Paz.

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En mayo de 2024, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estudió su caso y decidió no concederle la libertad transitoria, condicionada y anticipada, debido a que, en su momento, consideró que sus aportes, revelados en una audiencia llevada a cabo el 21 de marzo de 2024, no eran suficientes para garantizarle tal beneficio.

“La sala le ordena ampliar por escrito de manera inmediata sus aportes de verdad como parte del seguimiento y evaluación de su régimen de condicionalidad. En caso de incumplir podría ser expulsado de esta Jurisdicción. El compareciente Santoyo actualmente permanece con el beneficio de privación de la libertad en unidad policial que le fue concedido por la JEP”, indicó el tribunal de paz.

La Jurisdicción también ordenó al compareciente presentar de manera escrita e inmediata un aporte a la verdad completo, cumpliendo con los parámetros establecidos por el tribunal, en aras de evitar la pérdida de beneficios.

Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP dejarlo en libertad, teniendo en cuenta que ya había sobrepasado los cinco años de privación de la libertad reglamentarios.

El general (r) está siendo investigado por los delitos de Concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la Nación ya hizo una acusación formal por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada.

Se le señala de haber participado en el secuestro de defensores de derechos humanos hace 24 años. Las víctimas, identificadas como Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, fueron abordadas por hombres armados luego de salir de la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) en Medellín (Antioquia); fueron obligados a subir a un vehículo y, a la fecha, se desconoce su paradero.

“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares. Varios exintegrantes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes”, indicó la Comisión Colombiana de Juristas en su momento.

De acuerdo con la Comisión, la investigación sobre el caso del general (r) no solo implica un esfuerzo por lograr que las justicias accedan a la justicia, sino que también es clave para entender los nexos que hubo entre el Estado colombiano y los grupos armados ilegales, entre ellos, los paramilitares.

Santoyo fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por crímenes relacionados con el narcotráfico, después de aceptar que había colaborado con los paramilitares para la comisión de este delito. Retornó a Colombia en 2019. Luego, en septiembre de 2021, la JEP tomó su caso para estudiarlo y darle la oportunidad de comparecer para que aportara a la verdad. Sin embargo, sus declaraciones no han sido suficientes para el tribunal de paz.