Fiscalía busca llevar a prisión a tres exfuncionarios de Daniel Quintero por irregularidades en Inder: pagarían hasta 10 años de cárcel

No paran las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), mientras estuvo el exalcalde Daniel Quintero comandando la capital de Antioquia.

De hecho, el ente investigador ya tiene listo el escrito de acusación contra tres exfuncionarios y un contratista vinculados a la administración de Quintero. Según la información revelada por El Colombiano, se estaría solicitando a la justicia penas de hasta 45 años de prisión por las acusaciones que se centran en la manipulación de contratos y la apropiación indebida de recursos públicos.

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En el documento oficial revelado en la mañana de este lunes 9 de diciembre, la Fiscalía pide una condena de más de 10 años de prisión para dos exgerentes de Metroparques y una exdirectora del Inder. Además, se conoció que el ente investigador también estaría solicitando una condena ejemplar para el exrepresentante legal de la empresa Cyan, contratista favorecido por el Distrito.

Los implicados son Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques, quienes habrían celebrado un contrato interadministrativo sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales.

El contrato, valorado inicialmente en casi 22.000 millones de pesos, tenía como objetivo la gestión de recursos para eventos recreativos y deportivos.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el contrato fue modificado en siete ocasiones, extendiendo su vigencia hasta diciembre de 2022 y aumentando su valor a más de 24.000 millones de pesos. Esto se debió a la falta de estudios de mercado adecuados que garantizaran la selección de la oferta más favorable.

Según la información revelada por el medio nacional, la Fiscalía acusa a Liévano de haber celebrado un contrato sin cumplir con los requisitos esenciales y de haber administrado los recursos del Inder sin realizar un estudio de mercado propio.

Además, se señala que la contratación directa fue utilizada como una maniobra para eludir procesos más transparentes, ya que el verdadero objeto del contrato era la logística y adquisición de bienes y servicios.

El escrito de acusación también menciona a María Eugenia Domínguez Castañeda, quien junto a Liévano se habría interesado indebidamente en el trámite contractual que seleccionó a Cyan Eventos Y Logística S.A.S. para ejecutar el contrato con el Inder.

Según la Fiscalía, durante la ejecución de los contratos entre 2020 y 2022, Toro, Liévano y Domínguez se habrían apropiado de recursos del Presupuesto Participativo de Medellín en beneficio de Cyan, mientras que Mauricio Jaramillo Botero, representante de Cyan, se habría apropiado de 3.700 millones de pesos mediante cobros inflados.

“Una maniobra para eludir procesos de contratación más exigentes, transparentes y garantistas, pues el verdadero objeto del contrato era la logística y la adquisición o suministro de bienes y servicios razón por la cual, la modalidad de contratación adecuada era la selección abreviada”, señala el escrito.

Las acusaciones incluyen delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía ha señalado que, si lo apropiado supera los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las penas podrían aumentar de forma sustancial, alcanzando hasta 45 años de prisión.

“En conclusión, el objeto del contrato es ilícito (...). Y como consecuencia del mandato sin representación otorgado por el Inder a Metroparques, Liévano junto a María Eugenia Domínguez Castañeda –jefe de compras de Metroparques y luego gerente general hasta finales de 2022– se interesaron de manera indebida en el trámite contractual No. 20201300728, a través del cual se seleccionó a la empresa Cyan Eventos Y Logística S.A.S. –representada por Mauricio Jaramillo Botero– para la ejecución del contrato con el Inder y por valor inicial de $19.850 millones, mediante la modalidad de contratación de invitación privada”, complementa el documento revelado por El Colombiano.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, reaccionó en redes sociales, destacando que ya hay más de 15 imputados y que se han aplicado procesos de extinción de dominio para recuperar los recursos públicos. Según el alcalde, esto es resultado de denuncias de veedurías, ciudadanos, medios de comunicación y servidores públicos.