La procuradora Margarita Cabello mostró su respaldo a la reforma a la justicia: “Elimina la impunidad”

La reforma a la justicia, impulsada por los presidentes de las altas cortes, por el Gobierno nacional, y por la Fiscalía General de la Nación, llegó a ser considerada una iniciativa lesiva para el país debido a que contemplaba la reducción de penas para agresores de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la Comisión Primera del Senado de la República decidió eliminar el artículo que establecía una disminución de hasta el 25% de las penas si los señalados criminales se allanaban a los cargos.

Más allá del polémico artículo, los congresistas y los impulsores del proyecto han logrado avanzar en la aprobación del mismo. El 13 de noviembre de 2024, la Comisión Primera del Senado aprobó la reforma en su primer debate.

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La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación. Así lo confirmó la procuradora Margarita Cabello Blanco en el Foro Reforma a la Justicia, llevado a cabo el 7 de diciembre de 2024, en el que aseguró que el proyecto de ley que curso en el Congreso evidencia que pueden existir consensos entre el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y los organismos de control.

“Esta es una muestra de cómo la armonía entre los diferentes órganos de gobierno y órganos de control pueden sacar adelante la tranquilidad de la ciudadanía”, precisó la funcionaria en el evento.

Como representante del Ministerio Público, Cabello insistió en que la reforma no solo permitirá la modernización del sistema penal actual, sino que también fortalecerá la democracia y el Estado de Derecho. Además, permitirá reducir los índices de impunidad, que alcanzan el 93%, según informó en su momento el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Eugenio Corredor.

“Con este proyecto de ley se elimina la impunidad, que es lo que más queremos nosotros, y se acerca a la ciudadanía la justicia”, precisó la procuradora, destacando el fortalecimiento de herramientas como el establecimiento de preacuerdos, la justicia premial y la reparación de víctimas que pretende la reforma.

Explicó que lo que se busca con la reforma al sistema judicial es, en parte, lograr que los delitos sean sancionados de manera más rápida y eficaz, puesto que, actualmente, los procesos son lentos y, por tanto, las decisiones tardan en tomarse. Además, es importante poder descongestionar el sistema y procurar la protección y reparación de las víctimas.

“En el sistema jurídico colombiano más del 70% es cifra negra, está colapsado por el 25% de los delitos que llegan al sistema”, explicó el senador y ponente del proyecto Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, en la sesión en la que fue aprobado el proyecto.

No obstante, de acuerdo con la procuradora, alcanzar estándares más altos de justicia y de equilibrio no depende únicamente de los esfuerzos que se hagan por cambiar puntos clave del sistema; debe existir un control social. Según precisó, la educación y la vigilancia que debería ejercer la ciudadanía con respecto al cumplimiento de responsabilidades por parte de las entidades, son necesarias para lograr la paz y la tranquilidad en el país.

Asimismo, confirmó que la Procuraduría no estaba de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la iniciativa, relacionado con la reducción de penas para agresores de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, celebró que, después de un consenso al que llegaron con el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, se pudo eliminar.

Cabe resaltar que en su momento, jueces penales de Bogotá emitieron un comunicado en el que mostraron su apoyo a la propuesta, argumentando que el sistema no da abasto y que, en muchos casos, las decisiones se demoran porque las víctimas no recuerdan con claridad los hechos.