Ahorro de los municipios en el Fonpet, del Ministerio de Hacienda, habría “desaparecido”: ONG encendió las alarmas

A la par del escándalo que sacude los cimientos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ante la controversial salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del inminente fracaso del nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria que se tramita en el Congreso, una nueva y delicada denuncia dejaría mal parado al Ejecutivo, que estaría dejando prácticamente sin ahorros a los municipios y departamentos que tienen sus recursos en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La cartera, que hasta el miércoles 4 de diciembre lideró Bonilla, y que afrontaba un hueco fiscal durante la vigencia del 2024 de $8,1 billones, al corte del 30 de septiembre (según Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá), habría tomado, a través del aparente aumento injustificado de más del 100% de los pasivos pensionales del sector central y de salud en el territorio nacional, los recursos que poblaciones y regiones iban a destinar para obras de diferente índole en sus territorios.

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Así lo dio a conocer a Infobae Colombia la ONG Advice and Service, que encendió las alertas en relación con este caso, pues los mandatarios locales que apenas van a cumplir su primer año de Gobierno contaban con estos recursos para avanzar en el cumplimiento de sus planes de Gobierno; a lo que se suma el hecho de que no habrían sido consultados para la utilización de estos recursos.

“El 25 de noviembre le notificaron una comunicación a los departamentos, los municipios y a las ciudades, en la que se ve cómo incrementaron sus pasivos. Y ahí es donde empieza el tema irregular: donde incrementan sus pasivos entre el 100% y 150% con una finalidad específica, es que los alcaldes y los gobernadores no pueden acceder a estos recursos porque esta plata parece que no la tienen disponible”, reveló en su informe la organización.

Un caso alarmante

Uno de los ejemplos que se conoció está relacionado con Yopal (Casanare), que registraba un pasivo pensional en el sector central de $20.000 millones en 2023, pero en ese año aumentó a $45.000 millones. Por su parte, el sector salud registró un aumento de $9.000 millones a $26.000 millones en el mismo periodo. En consecuencia, advirtió que los recursos disponibles disminuyeron dramáticamente, pues pasaron de $31.000 millones en 2022 a solo $700 millones para 2024.

Es decir, en ‘plata blanca’, estarían disponiendo del dinero de los municipios, para evitar que ellos retiren los excedentes. “El famoso desahorro de Fonpet”, destacó la ONG. Ante esta situación, se precisó que, a pesar de las fuertes alzas, el ministerio ha utilizado los mismos datos base que en ejercicios anteriores para calcular estos pasivos. ”Lo cual genera “serias dudas sobre la transparencia y la validez de los ajustes realizados”, señaló el veedor ciudadano.

Es válido indicar que el Fonpet contaba, al 30 de septiembre de 2024, con $67,3 billones para disponer, de los cuales el 25% está bajo la administración del Consorcio Prag Fonpet 2023, integrado por Fiduprevisora y por Fiduagraria S.A., y el 75% restante bajo el control del Gobierno nacional. Esta concentración de recursos, de acuerdo con la ONG, genera una serie de interrogantes acerca de su disponibilidad para los entes territoriales.

“El manejo discrecional y opaco contribuye al debilitamiento de las finanzas territoriales”, reiteró Advice and Services, que dejó en claro que esta situación está ligada al desfase que registra el Estado, pero que podría ser una situación peor para la vigencia que está en curso y cuyo balance se conocerá en 2025. Y con la salvedad de este asunto no tiene nada que ver con el Presupuesto General de la Nación de 2025, que ya plantea significativos recortes para las regiones.

Graves repercusiones

Algunas de las consecuencias en el incremento de estos aumentos injustificados en los pasivos, según el denunciante, ponen en peligro la inversión en infraestructuras críticas para municipios y departamentos. En esta línea, la ONG venía trabajando con las gobernaciones del Atlántico y Sucre, departamentos que habían logrado reducir sus pasivos en $225.000 millones en el primero, y $85.000 millones en el segundo.

Sin embargo, a juicio de Ramos, el Ministerio de Hacienda parece haber implementado medidas que obstaculizan el uso de los recursos excedentes del fondo por parte de las entidades territoriales para beneficio de sus comunidades. “Esto pone en duda la autonomía financiera de los territorios”, señaló la ONG en mención, que está dispuesta a llevar este caso ante los órganos de control, como la Contraloría General de la República, para garantizar el derecho de las regiones a hacer desahorros.

Sobre el particular, Infobae Colombia intentó contactar al saliente ministro Bonilla para conocer la postura del Gobierno en relación con esta denuncia, pero no fue posible establecer contacto. Sin embargo, extiende la invitación para conocer la contraparte de un tema que apunta hacia los dineros con los que, de cara al año que se avecina, no tendrían a su disposición los municipios y departamentos.