Los menores indígenas que están habitando la ciudad de Bogotá siguen siendo blanco de la violencia sexual por algunos miembros de sus propias comunidades.
En la jornada del 2 de diciembre, la Secretaría de Integración Social confirmó que se presentaron dos casos de vulneración de los derechos de dos menores que habitaban la UPI (Unidad de Protección Integral) La Florida, que se encuentra en el municipio de Funza, Cundinamarca.
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El primero se trata de un hecho de abuso sexual a una menor de la comunidad emberá en este lugar. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que procedió con la investigación y dio captura a este hombre, que al parecer, conformaba la comunidad katio.
La diligencia fue realizada bajo los parámetros que son establecidos por este tipo de comunidades para evitar cualquier irregularidad, se desarrolló en presencia de miembros de la Secretaría Distrital de Integración Social, personas de la guardia indígena, el gobernador indígena y la víctima. Fue acusado de ser el presunto responsable de cometer un delito sexual con menor de 14 años.
“Al detenido se le leyeron sus derechos, y aunque manifestó comprender el español, el gobernador indígena realizó traducciones para mayor claridad. Al finalizar el procedimiento, el capturado fue trasladado a la estación de policía del municipio de Funza, donde continuará el proceso legal correspondiente”, se consigna en el comunicado oficial de la entidad.
El segundo hecho también ocurrió en las mismas instalaciones, donde una joven, tras recibir un castigo, fue encerrada en un espacio de las instalaciones, acto que fue avalado por su familia y la comunidad en general.
Sobre este caso de violencia, la Secretaría informó que: “Luego de ser alertada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) interinstitucional de La Florida, se puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Funza esta situación de violencia y vulneración de derechos por competencia territorial, ya que la UPI La Florida se encuentra ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca, y no cuenta con defensor de familia, asumiendo el comisario las funciones propias por subsidiariedad.”
En primera instancia, las autoridades del municipio de Funza fueron las encargadas de arribar al lugar para atender la situación, pero cuando intentaron encontrarse con la menor, ya no se encontraba allí. Se conoció que la niña fue trasladada a la UPI La Rioja en horas de la mañana del lunes, por lo que el caso será atendido por la regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el defensor de familia.
La violencia intrafamiliar y la violencia sexual son delitos graves contemplados en el Código Penal de Colombia, específicamente en los artículos 209 y 229. Estos actos no solo violan las leyes penales, sino que también representan un incumplimiento de las disposiciones constitucionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En particular, el artículo 44 de la Constitución colombiana establece la obligación de respetar y proteger los derechos de los menores.
La Ley 2089 de 2021 y el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, refuerzan estas protecciones al prohibir el castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes hacia los menores. Estas normativas buscan garantizar un entorno seguro y respetuoso para el desarrollo de los niños y adolescentes, protegiéndolos de cualquier forma de maltrato.
El incumplimiento de estas leyes y disposiciones constitucionales no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en general, al perpetuar ciclos de violencia y abuso. La legislación colombiana es clara en su postura de cero tolerancia hacia cualquier forma de violencia contra los menores, y establece medidas para prevenir y sancionar estos actos.
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