Álvaro Uribe se despachó contra la JEP por postura sobre los ‘falsos positivos’: “Yo no puedo aceptar”

Toda una polémica generaron las declaraciones que dieron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Alejandro Ramelli Arteaga, Catalina Díaz Gómez y Óscar Javier Parra Vera, en conversación con El Espectador, sobre las ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en el país. Aseguraron no solo indicaron que hay 6.402 víctimas –cifra que ha sido cuestionada por políticos de derecha–, sino que se trató de una política implementada a nivel estatal.

“Con total convicción, afirmamos que fue un patrón de acción criminal que se manifestó en todo el territorio nacional que se desató por la política, de facto, de conteo de cuerpos que privilegió la eliminación física del supuesto enemigo o el cadáver caído en combate, como único indicador válido de éxito militar”, precisaron al medio citado.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado de ser presunto responsable de los mal llamados falsos positivos durante su administración (2002-2010), criticó las afirmaciones del tribunal de paz, que, según detalló, fue creada por presiones ejercidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.

“Hoy me veo obligado a hacer unos comentarios sobre la JEP, creada por imposición de las Farc, provistos sus jueces con mucho sesgo”, aseveró el exmandatario en el Foro Futuro Colombia del Centro Democrático, llevado a cabo el 30 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el ex jefe de Estado, las ejecuciones extrajudiciales sí fueron perpetradas por integrantes del Ejército Militar en varias zonas del país; sin embargo, no se puede asegurar que fue toda una política de Estado la que impulsó el asesinato de civiles para que los militares pudieran presentar resultados.

“Yo no puedo aceptar la ligereza de la JEP de decir que los falsos positivos fueron una política de Estado. Los jueces, los políticos y en el periodismo, se tolera la ligereza, pero en la democracia es inadmisible la ligereza de la justicia”, precisó.

Esto estaría socavando la credibilidad del tribunal de paz, que ahora, según el expresidente, está en entredicho, pero no solo por asegurar que se implementó toda una política para asesinar civiles y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, sino también porque, al parecer, confunde “Estado” con “gobierno”.

“Si lo que quieren decir es que fue una política de gobierno, debieron decirlo claramente, pero no digan que fue una política de Estado, tampoco de gobierno”, declaró.

Al parecer, la JEP no ha escuchado a las personas que fungieron como ministros de Defensa en los años en los que se registraron las ejecuciones extrajudiciales, excepto a uno en particular que aseguró, justamente, que se trató de una política de Estado. Pero, después, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón negó que se haya implementado. “Dijo claramente que nunca había habido esa política”. A él se sumó el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

Así las cosas, desde su perspectiva, la “ligereza” de la JEP desconoce las explicaciones de altos funcionarios del gobierno y de la seguridad democrática que impulsó y con la que buscaba la desmovilización de actores armados. De hecho, los datos indican que hubo un total de 53.000 personas armadas desmovilizadas, 27.000 ciudadanos privados de la libertad, y 13.000 personas dadas de baja.

En todo caso, aseguró que no cuestionará la realidad de la existencia de los falsos positivos, a pesar de que han surgido dudas sobre la cantidad de víctimas que hubo, pero sí recalcó que las apreciaciones de la Jurisdicción son falsas y no tienen sustento.

“No voy a entrar en esa mezquina discusión, señores de la JEP, lo que sí les voy a decir es que esas apreciaciones que lanzan a los colombianos tienen más carga política que soporte judicial”, concluyó.